Una ley muy necesaria

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Dependencia con la que se pretende universalizar el derecho de toda persona dependiente a recibir asistencia gratuita del Estado. Además, introduce, muy justamente, la figura del "cuidador familiar", que recibirá una prestación económica y tendrá seguridad social. El 83% de esos cuidadores son mujeres. La norma, que entrará en vigor en 2007 una vez sea aprobada por el Parlamento, beneficiará directamente a más de un millón de personas que necesitan ayuda para realizar las tareas más básicas. Sin duda es una legislación de gran trascendencia, probablemente más necesaria y urgente que otras aprobadas en la presente legislatura. Se la ha calificado como el "cuarto pilar del Estado" después de la sanidad, la educación y las pensiones.

La importancia de esta ley obliga al consenso entre partidos, especialmente de PSOE y PP. Ojalá que el gesto del líder popular, Mariano Rajoy, proponiendo un pacto de Estado para impulsar el desarrollo del futuro Sistema Nacional de Dependencia (SND) sea el que guíe la actitud del principal grupo de la oposición en el debate parlamentario, y no las desabridas palabras de su responsable de Política Social, Ana Pastor, que acusó ayer al Gobierno socialista de falta de diálogo. Esa crítica resulta un tanto contradictoria, sobre todo después de que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, haya anunciado un acuerdo con las centrales sindicales y las organizaciones empresariales sobre los fundamentos de la futura red.

El SND contemplará el carácter universal y público de las prestaciones sociales y económicas del Estado, a las que se accederá en condiciones de igualdad. Según el anteproyecto, las ayudas serán sufragadas en un 50% por el Estado y en otro 50% por las comunidades autónomas. La parte que pagará la Administración central procederá, al menos hasta 2015, del actual superávit de la Seguridad Social (10.000 millones de euros) y, posteriormente, vía impuestos.

Es deseable que el texto final precise con bastante mayor exactitud el método de financiación, y en particular la aportación de los usuarios, porque es harto difícil que sólo con las arcas públicas pueda costearse el plan. El Gobierno ha optado por el modelo universal de asistencia antes que por el existente en los países nórdicos, donde el Estado cubre la necesidad de todos los dependientes de igual forma, pero los beneficiarios contribuyen a los gastos en función de su renta. Es un gran reto nada fácil de cumplir, que exigirá a largo plazo un enorme esfuerzo del erario público ante el creciente envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida.