Cavas catalanes

La iniciativa de someter a un boicoteo a los cavas, acompañada de la elaboración de una lista de productos catalanes y establecimientos catalanes malditos, constituye un indicador del grado de irracionalidad que están alcanzando las reacciones sociales en torno al debate del nuevo Estatuto de Cataluña. Y como casi siempre ocurre en los escenarios de conflicto, la estupidez de unos provoca una reacción similar en la acera opuesta. A la sombra de un fotomontaje que reúne con la Cibeles al inevitable torero y al Valle de los Caídos, la recomendación es en este caso: "¡No compris marques espanyoles!". "¡Que la prudencia no nos convierta en traidores!", advierten los promotores del engendro, como si ya estuviéramos en una situación de guerra larvada. Sigue una relación de productos marcados al parecer por el estigma de la españolidad, entre los cuales no faltan algunos de procedencia y capitales tan castizos como Carrefour, Président o el queso Caprice des Dieux.

El episodio no debería pasar inadvertido. A finales de los ochenta existía ciertamente en Yugoslavia un serio conflicto político entre los componentes de la federación, pero nada hacía prever, salvo en Kosovo, la caza al hombre que pronto había de desencadenarse entre los miembros de unos y otros grupos étnicos. Por fortuna faltan entre nosotros los supuestos para semejante deriva hacia la violencia. Además, las consignas de boicoteo de productos no son nuevas. Hace años que ETA lanzó la de no adquirir productos franceses, sin resultados sensibles, y prudentemente algunas marcas vascas han preferido cambiar de nombre de cara al mercado español. Son precedentes que apuntan al optimismo. Sin embargo, en este caso, atizado por algunas instituciones y medios de comunicación, el odio empieza a estar presente, y tampoco faltan reacciones que pueden hacerlo más intenso en lugar de sofocarlo. El mejor ejemplo viene dado por el expediente abierto de hecho contra la Cope desde el Consejo de lo Audiovisual dependiente de la Generalitat. Tanto en la cadena de la Iglesia como en las columnas de la prensa afín, los límites formales de una crítica democrática son con frecuencia vulnerados. Ahora bien, la respuesta nunca puede consistir en una u otra forma de censura institucional. Para eso están los tribunales. Lo más preocupante es que un Gobierno como el actual, poco amigo de la transparencia informativa y muy dado a jugar con las filtraciones y la manipulación, se embarque en esa deriva autoritaria tratando de crear un Consejo de lo Audiovisual convertido en Junta de Censura. Habría que responder desde los medios unánimemente con un "¿Chávez en España? No, gracias".

La propia experiencia catalana, en especial con la aplicación de la Ley de Política Lingüística para temas tales como la rotulación de establecimientos en catalán y la exigencia de su uso, prueba que esa interferencia del sector público en las relaciones sociales desemboca en una restricción policial de la libertad. Eso sin mencionar el santo fin de excluir al castellano de la vida pública. Desde que está el tripartito, las sanciones por incumplimiento de dicha ley suben en flecha: según Avui, que lo celebraba, sólo en los tres primeros meses de este año sanciones y multas superaron todas las de 2004. Pensemos en lo que puede suceder si la trama de disposiciones contenidas en el proyecto de Estatuto sobre la imposición del "idioma propio" se convierte en ley. Lo que había sido desde 1979 un progreso continuo y libre del catalán, en beneficio de todos, pasaría a configurar una nueva llengua de l'imperi. Algo pernicioso, y además innecesario.

La solución reside en restaurar el clima para un debate democrático, algo que en estos momentos nadie parece admitir. La espiral del odio puede así seguir creciendo, a pesar del considerable esfuerzo realizado por ministros y expertos del Gobierno para adecuar efectivamente el proyecto de Estatuto al espíritu y a la letra de la Constitución. Eso siempre que Zapatero, siempre alérgico a las ideas claras, no opte por lo que viene siendo su norma y punto de debilidad en este tema, cediendo en cuestiones esenciales con tal de que sea alcanzado un acuerdo presentable al público.

En fin, brindemos. Coincidiendo con el publicista más activo en la oposición al Estatut, no lo haré con Freixenet. Prefiero Juvé i Camps.