El acuerdo es posible

Todo Estatuto es por definición un pacto entre el Parlamento español y el Parlamento autonómico; el catalán, en el caso que nos ocupa. Quedó claro con la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados, acompañada de una explícita disposición al pacto de los representantes del Parlamento catalán y correspondida por la respuesta en el mismo sentido del presidente Zapatero. Ahora, al conocerse el Estatuto alternativo que el Gobierno central propone, tanto el contenido de la propuesta como las reacciones de la parte catalana confirman no sólo que la voluntad de pacto sigue viva, sino que el acuerdo es posible.

Las diferencias entre el Estatuto aprobado en Cataluña y el documento del Ejecutivo socialista son importantes. Y mucho más si añadimos la propuesta de financiación elaborada por el ministro Solbes. Pero si se observan detenidamente los textos, se constata que la alternativa -financiación aparte- se parece mucho, con alguna corrección, a la defendida por el PSC, a través de sus enmiendas, en el Parlamento catalán. Lo cual desmiente a los que, durante diversos momentos del proceso, han querido subrayar las divergencias entre socialistas catalanes y españoles. Y dibuja un tronco común sobre el que articular el pacto.

Del texto del Ejecutivo se deduce que los dos puntos más conflictivos serán la financiación y el principio de bilateralidad en la relación Cataluña-España que el Estatuto propone. Sobre la financiación, la distancia parece muy grande, porque Solbes ha hecho una contraoferta que parece de mínimos, pero que tiene la ventaja práctica de sustituir las normas por cantidades. De este modo abre una puerta al que será el verdadero terreno de negociación: definir unos principios estatutarios cuyos resultados se concreten luego en los mecanismos multilaterales de financiación autonómica. Para el Gobierno es indispensable que la financiación sea universalizable a todas las comunidades autónomas que lo quieran, un requisito que el conseller Castells ha asegurado siempre que cumple la propuesta catalana.

Y así entramos en el problema básico: la bilateralidad. Ni por razones políticas ni por razones sociales el Gobierno puede asumir el principio de que las relaciones entre Cataluña y España queden al margen del resto del Estado autonómico. Con el principio de subsidiariedad como argumento, el Estatuto catalán daba la última palabra a Cataluña en acuerdos tomados conjuntamente por el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas. El Ejecutivo no puede aceptar unos mecanismos que conducen a dos categorías de comunidades y que, además de crear una desigualdad estructural entre españoles, introducen un factor confederal contrario a los principios constitucionales.

Naturalmente, competencias y justicia serán los otros dos ámbitos que darán juego negociador. El Gobierno recupera la supremacía de las leyes básicas del Estado, pero reduce significativamente las disposiciones legales de ámbito general que se sitúan por encima de las disposiciones estatutarias. Y retira también al Tribunal Superior de Cataluña el valor de la casación en derecho común. Pero poco a poco va desactivando otros elementos conflictivos. El hecho de que Zapatero deje abierta la sustitución del artículo que define a Cataluña como una nación es indicativo de que hay margen para la negociación. Y que, por tanto, no es en el terreno simbólico donde se sitúan las mayores preocupaciones del PSOE. Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene tal cual los aspectos que tienen que ver con la administración interna de Cataluña, incluido el inefable título de derechos y deberes.

Las cartas están sobre la mesa. Las muchas reuniones que los equipos de Solbes y Castells han realizado en los últimos meses deberían hacer viable una solución a la financiación que permita a Cataluña obtener los recursos necesarios para su desarrollo y su competitividad sin romper los principios de solidaridad y universalidad. Al fin y al cabo, el motor de todo este proceso ha sido la extendida conciencia en la sociedad catalana de que su financiación era insuficiente y la hacía vivir por debajo de su potencial. Y, a su vez, el tripartito no puede olvidar que los principales perjudicados de cualquier reducción de los mecanismos de solidaridad serían precisamente las autonomías gobernadas por el PSOE.

Si la política fuera racional, quedarían pocas dudas de que se alcance un acuerdo; está en el interés de todas las partes implicadas. Sería, además, muy deseable que el PP se incorporara al consenso: pero a estas alturas, y vista la estrategia guerrera que los populares han asumido, parece impensable. En cualquier caso, si todos son conscientes de que hay que pactar, sería de agradecer que nos ahorraran espectáculos como el del pasado verano en Cataluña. CiU ya se ha ganado el derecho a ser protagonista en la foto final. Y Esquerra sabe que un acuerdo le consolida como partido de gobierno. Abrevien el espectáculo. Y busquen entre todos un pacto razonable. No sería nada bueno tener al país atrapado, medio año más, en un debate tan sensible y contaminante como éste.