Prohibido torturar

El presidente Bush se ha plegado a las presiones del Congreso después de meses de resistencia y ha decidido apoyar la propuesta legislativa del senador republicano John McCain para prohibir la tortura y el trato inhumano de prisioneros bajo custodia estadounidense, militar o civil, allí donde estuvieren. Probablemente los abusos contra detenidos, que Washington comenzó a utilizar rutinariamente después del 11-S, representen hoy el peaje más dañino para la imagen mundial de la superpotencia; se trate de Irak, Guantánamo o las cárceles secretas de la CIA en terceros países.

El Senado de EE UU aprobó abrumadoramente en octubre la iniciativa de McCain, probable aspirante presidencial. Bush amenazó con vetar la ley de presupuestos militares a la que va incorporada la enmienda, y su vicepresidente Cheney ha intentado desde entonces que la CIA quedase al margen de un texto que establece procedimientos para los interrogatorios y que el miércoles recibió el refrendo de la Cámara de Representantes. Finalmente, la CIA no gozará de inmunidad, pero sus agentes tendrán protección especial y la capacidad de defenderse ante los tribunales de eventuales acusaciones de tortura en la línea del código de justicia militar; es decir, argumentando el acatamiento de órdenes legales.

En la iniciativa aprobada por el Congreso hay varios aspectos que la devalúan notablemente. Una enmienda de acompañamiento, introducida por dos senadores, republicano y demócrata, niega en la práctica a los internados en Guantánamo capacidad para ejercer acciones legales en caso de malos tratos; e implícitamente autoriza a los tribunales militares a considerar las evidencias obtenidas por estos procedimientos para decidir el destino de los prisioneros. La misma definición legal de la tortura es otra carta que la Casa Blanca guarda en la manga. El fiscal general, Alberto Gonzales, ha subrayado inquietantemente el carácter "severo" del daño físico o mental infligido para que pueda ser considerada tortura, lo que podría convalidar el empleo de métodos considerados blandos.

La aprobación de la iniciativa McCain representa un claro avance para la causa global de los derechos humanos. Pero todo sugiere que antes de su definitiva transformación en ley por el Congreso -dominado por los republicanos- vamos a asistir a un encaje de bolillos semántico para adaptar el espíritu de la enmienda a las manifiestas reticencias de la Casa Blanca. Sería lamentable que la esgrima del Legislativo acabase aguando un texto legal que EE UU, como autoproclamado faro planetario de las libertades, debería haber puesto en vigor sin reservas hace mucho tiempo.