El Senado de EE UU frena la prórroga de la principal ley antiterrorista de Bush

La Ley Patriótica, que refuerza las medidas policiales contra el terrorismo, expirará el 31 de diciembre si no se resuelve la situación creada ayer en el Senado, cuando la mayoría republicana fue incapaz de reunir el apoyo suficiente como para someter a votación el nuevo texto. Lo ocurrido supuso un fuerte revés para la Casa Blanca. En el debate pesó notablemente la revelación, no desmentida, de que George W. Bush autorizó el control de las comunicaciones con el extranjero de varios cientos de personas sin recurrir a ningún tipo de mandato judicial.

Según The New York Times, entre las medidas adoptadas tras el 11-S, Bush ordenó en 2002 a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés) que controlara las comunicaciones internacionales -llamadas telefónicas y correo electrónico de estadounidenses o extranjeros- "en el proceso de investigación de pruebas de actividades terroristas" sin recurrir a un mandato judicial, como se hace con las comunicaciones nacionales. ¿A cuánta gente le afectó la orden? Según fuentes anónimas citadas por el diario, la NSA controla "a unas 500 personas" como media, pero "la lista cambió, porque algunos nombres se añadieron y otros se quitaron, con lo que quizá se pueda hablar de algunos miles".

Fuentes del Gobierno señalaron al Times que gracias a estas escuchas se descubrieron complots como el de un camionero de Ohio naturalizado norteamericano, Lyman Faris, que en 2003 se confesó culpable de haber participado en el intento de Al Qaeda de volar el puente de Brooklyn. Pero "algunos funcionarios de la NSA, preocupados por la legalidad de la operación, no quisieron participar en el programa", y las cuestiones planteadas "llevaron al Gobierno a suspenderlo temporalmente hace un año e imponer restricciones". La discreta y poderosa NSA, con un presupuesto mayor que el de la CIA, depende de Defensa y se ocupa de comunicaciones internacionales y de proteger las comunicaciones confidenciales de la Administración.

La revelación tuvo una fuerte repercusión en el Senado. La Ley Patriótica expira a finales de 2005. El nuevo texto mejora alguna de las provisiones de la ley; prorroga de forma indefinida 14 de sus capítulos y extiende cuatro años los dos más polémicos. La Cámara la aprobó el miércoles, pero el texto tropezó en el Senado con una minoría suficientemente amplia como para obstaculizar la votación. "Tenemos más que temer del terrorismo que de esta ley", se quejó Bill Frist, líder de la mayoría. "¿Cómo es posible que corramos el riesgo de quedarnos sin la protección de la ley? Pensemos con cuidado lo que vamos a hacer", pidió el republicano John Kyl. "Todos estamos contra el terrorismo, pero hay formas y formas de combatirlo", replicó Patrick Leahy.

¿Qué pasará ahora? Frist rechazó la oferta de prorrogar la ley durante tres meses mientras se llega a un acuerdo. La jugada republicana es apostar por la suspensión de la ley y acusar a los demócratas de no preocuparse lo suficiente de la seguridad, pero puede salir el tiro por la culata, porque la Casa Blanca, con demasiados frentes abiertos, está a la defensiva; los congresistas republicanos tienen las legislativas de 2006 y deben renovar su escaño, a diferencia de Bush. Y la opinión pública está escarmentada de la manipulación de los asuntos relacionados con la seguridad y la guerra contra el terrorismo.