Peces-Barba pide a la fiscalía que los etarras no vivan ni trabajen cerca de sus víctimas

El alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, envió el 5 de diciembre al ministro de Justicia, Juan Fernando López-Aguilar, y al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, sendas cartas en las que pide que los fiscales soliciten penas accesorias de alejamiento (artículo 48 del Código Penal) para que los terroristas no puedan vivir o trabajar cerca de sus víctimas o de la familia de sus víctimas en los 10 años siguientes a su puesta en libertad. Así, explica la carta, se evitarían situaciones "difícilmente soportables". Peces-Barba envió las misivas después de que trascendiera que Kandido Azpiazu, el etarra que mató a Ramón Baglietto en 1980, había abierto un negocio bajo la vivienda de la viuda de éste. Azpiazu salió de la cárcel en 1995.