Control parlamentario

La comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco J. Hernando, para presentar la memoria anual de la institución resultó estrambótica. El compareciente se erigió en acusador del partido del Gobierno y del Ministerio de Justicia, al tiempo que rechazaba como una intromisión intolerable cualquier control del Parlamento a su gestión. Su táctica de agotar el tiempo leyendo durante tres horas la memoria contribuyó a que su comparecencia constituyera, en buena medida, un fiasco y una burla.

"¿Ante quién responde el Consejo del Poder Judicial?", preguntó el diputado Federico Trillo en 1995 en una comparecencia del entonces presidente del Consejo, Pascual Sala. La cuestión, planteada a raíz de la tardanza en responder a determinados problemas judiciales de la época, tiene plena vigencia hoy día y se agudiza todavía más ante comparecencias como la de ayer. La presentación de la memoria anual del CGPJ ante el Congreso no puede reducirse a un mero acto informativo: debe dar lugar a la exigencia de responsabilidades por los fallos de funcionamiento de la institución. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como respuesta a un problema de control democrático que viene de lejos, prevé la obligación de los vocales del Consejo de comparecer ante el Parlamento "cuando sean llamados" y también para informar sobre los asuntos relacionados con la actividad de ese organismo.

Se confunde Hernando, o peor, trata de confundir, cuando cuestiona ese control con el argumento de que afectaría a la separación de poderes y la independencia judicial. El CGPJ es una institución de naturaleza política, no jurisdiccional, y su actuación o los posicionamientos públicos de sus miembros sobre asuntos políticos o judiciales, a los que tan aficionado es Hernando, no pueden quedar exentos de control parlamentario. Un control que no cubre en absoluto el envío de una memoria anual sobre sus actividades al Parlamento. Se trata además de una institución que ha ido asumiendo competencias de política judicial -especialmente, la selección de jueces- que afectan a todos los ciudadanos.