Un Estatuto para el tercer milenio

En octubre de 2004, impulsados por el Departamento de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, se desarrollaron un conjunto de sesiones con agentes económicos y sociales con la finalidad de establecer criterios a ser considerados en la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía. Al plantearse los aspectos relativos a la Sociedad del Conocimiento se invitó al Cercle per al Coneixement, a través del asociado y cofundador del Cercle Antoni Farrés, a participar en ello introduciendo, mediante una ponencia, los debates que los participantes desarrollaron en la sesión. Un grupo de trabajo formado por asociados, debatió, a través del análisis de los diversos documentos que el Cercle había elaborado en los últimos años, los aspectos que el nuevo Estatuto tendría que contemplar, considerando que éste había de servir para desarrollar Cataluña en el seno de los nuevos desafíos y retos que presentan la sociedad del conocimiento en general y la globalización económica, informacional y relacional. El documento fue presentado en la ponencia mencionada.

Uno de los aspectos que evidenciaba que el Estatuto no se ajustaba a los nuevos tiempos era la enorme distancia entre los rasgos característicos de la realidad socioeconómica y cultural que caracterizaba la sociedad española al final de la dictadura y las realidades al inicio del tercer milenio. A finales de la década de 1970 España iniciaba, con no pocas dificultades, el camino hacia la democracia, no formaba parte de la Unión Europea, la inmigración procedente de otros países y culturas era simbólica, la homogeneidad era un hecho, los pilares de generación de valor se fomentaban en la producción en serie propia de la gran industria en un contexto de mercados con grados de protección elevados y en un mundo bipolar, las comunicaciones estaban fuertemente reguladas desarrollándose en monopolio, las informaciones eran unidireccionales y la digitalización, computación personal, telefonía móvil e Internet no formaban parte del paisaje relacional.

Hoy en día, sin duda la sociedad ha cambiado mucho: la fragmentación social, la heterogeneidad y mestizaje en cuanto a los valores, los sistemas productivos y organizativos que exigen la globalización económica y productiva, las comunicaciones sustentadas por espacios virtuales que no tienen fronteras físicas y permiten que cualquier persona devenga a la vez emisor y receptor de información... son algunas de las muchas evidencias que llevaron a la Unión Europea en el Consejo de Lisboa a asumir que la Sociedad del Conocimiento era un hecho y establecer programas con la finalidad de posibilitar que la Unión se convirtiera en la economía más dinámica y competitiva del mundo. Por un momento parecía que los gobiernos, y en consecuencia, sus acciones, asumían el hecho de tener que adaptarse a los cambios socioeconómicos que se estaban produciendo a pasos acelerados y que las prioridades en las actuaciones públicas requerían asumir plenamente los paradigmas de la economía y la sociedad del conocimiento. De hacerlo o no dependía en gran parte disponer de un tejido productivo competitivo y capaz de aportar los recursos necesarios para consolidar el estado del bienestar, garantizar la cohesión y la paz social y reencontrar la simbiosis entre la sociedad y la política, un hecho imprescindible para abordar con éxito los desafíos del futuro.

Fue con las anteriores convicciones con las que el Cercle aportó su grano de arena a los planteamientos del nuevo Estatuto. Lamentablemente, hay que decir que con no demasiado éxito, ya que la extensa propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía aprobada el 30 de septiembre, si bien recoge en parte los nuevos rasgos característicos de la Sociedad del Conocimiento, no explicita con fuerza los desafíos que afrontar y los retos por alcanzar. En consecuencia, encontramos una cierta asincronía entre las competencias y los instrumentos que de ello se derivan, y que se desarrollan de forma extensa y excesivamente detallista a partir de los retos arraigados en las problemáticas de hoy día. Asegurar el presente y garantizar el futuro es un binomio indisociable que la acción de todo gobierno no puede olvidar, y poner el énfasis en uno y otro no sólo caracteriza su acción sino que determina su progreso. Siendo cierto este hecho, también debemos reconocer que el nuevo Estatuto define unos niveles de competencias y una financiación que puede romper las barreras que han impedido un mejor desarrollo y han comportado pérdidas significativas de competitividad para Cataluña con la consiguiente disminución de la renta de sus ciudadanos.

Los retos, fruto de la liberalización mundial de la economía y la sociedad del conocimiento, requieren cambios muy importantes en el sistema productivo, en los modelos formativos y relacionales, en los esquemas para poner el conocimiento en el centro de la actividad productiva, en la forma de entender el estado del bienestar en un contexto de equilibrio planetario, en evitar la fractura social y la exclusión del mercado laboral... todo un conjunto de hechos que requieren "competencias" pero, a la vez, "recursos". Unos recursos indispensables para afrontar los desafíos y que no pueden obviarse con el argumento de la solidaridad. Solidaridad sí, pero la posible y necesaria, sin que ponga en peligro el futuro -como bien explican los autores de L'Espoli fiscal-, y se olvide de la obligada solidaridad con los ciudadanos que día a día llenan de vida nuestras calles.

En Madrid se ha iniciado el trámite que debe llevarnos a disponer del nuevo Estatuto, un Estatuto que hay que apoyar, ya que eleva el techo competencial y puede aportar a la Administración catalana los recursos necesarios para afrontar los retos que la sociedad del conocimiento presenta. Entonces sólo dependerá de nosotros el poner las prioridades correctamente y asumir el coraje y el compromiso para hacerlo. Ahora se abre un proceso negociador complicado y difícil que requerirá diálogo, juicio y determinación, y también concesiones, unas concesiones que en ninguno de los casos deberían rebajar el modelo de financiación aprobado, ya que, de hacerlo no dispondremos de los recursos que el futuro requiere y a los que Cataluña no puede ni debe renunciar.

Antoni Garrell i Guiu es presidente de Cercle per al Coneixement.