La policía china abre fuego contra una protesta de campesinos
Cuatro muertos en una manifestación para exigir más dinero por tierras expropiadas
El creciente descontento social y las cada vez más frecuentes protestas por las requisiciones de tierras realizadas en nombre del progreso económico han subido un peldaño esta semana en China. Al menos cuatro personas han muerto por disparos de la policía en Dongzhou, un pueblo de 10.000 habitantes situado en la provincia sureña de Guangdong, según ha informado Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos asegura que se trata de la primera vez que el Gobierno utiliza armas de fuego contra la población civil desde la masacre de Tiananmen, en 1989.
Los manifestantes se quejan de lo que consideran injustas compensaciones por la expropiación de terrenos para construir una planta energética.
Amnistía afirma que el martes pasado por la noche, policías antidisturbios dispararon contra una multitud de vecinos que habían bloqueado una de las carreteras del municipio para impedir el paso a las fuerzas de seguridad. Cientos de miembros de la Policía Armada Popular llegaron al pueblo, donde varios miles de vecinos se habían concentrado para exigir la liberación de algunos líderes que habían sido detenidos. Los habitantes atacaron con cócteles molotov y cargas explosivas a los policías, y éstos replicaron con gases lacrimógenos y disparos. Al menos un agente resultó herido grave, según publicó ayer el diario de Hong Kong South China Morning Post.
Algunos habitantes aseguran que el número de fallecidos es de más de 10, y el de heridos, de 40 a 50. La mayoría son hombres de entre 20 y 40 años. Pero la cifra de muertos no está clara, ya que algunos vecinos han desaparecido para evitar ser detenidos, mientras otros podrían figurar entre los heridos en los hospitales. "No pensé que la policía abriría fuego", dijo Chen Zeyou, cuyo cuñado resultó muerto en el enfrentamiento, a la cadena Hong Kong Cable TV. El Ministerio de Seguridad Pública se ha limitado a decir que investiga el asunto. Las autoridades han desplegado a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad alrededor del pueblo, y han bloqueado todas las entradas y salidas.
Los Gobiernos central y provincial han decretado el apagón informativo tanto en periódicos como en la televisión. Pekín teme que la publicación de la noticia pueda desencadenar hechos similares en otras partes del país.
Los habitantes de Dongzhou argumentan desde hace meses que las indemnizaciones fijadas por la expropiación de suelo para construir un parque eólico -una central térmica de carbón, según otras fuentes- son insuficientes y acusan a los dirigentes de corrupción. Además, los pescadores de la zona se quejan de las consecuencias medioambientales que tendrá el complejo.
No es la primera vez que se producen enfrentamientos violentos entre la policía y los habitantes de un pueblo levantado en pie de guerra para exigir sus derechos. Son frecuentes, pero pocos trascienden, ya que el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino (PCCh) de los Gobiernos locales y central suele bloquear su difusión. Pero sí se trata de la primera vez que ha trascendido, en los últimos años, que los manifestantes utilizaron bombas caseras y las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la población civil.
Cada año, mayor malestar
Los abusos de poder de los Gobiernos locales, la requisición de tierras para construir proyectos inmobiliarios, la corrupción y la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres se han convertido en las causas principales del creciente malestar social en China, donde las protestas han pasado de 10.000 en 1994 a 74.000 el año pasado, según ha asegurado el propio Gobierno.
Son la otra cara del meteórico progreso económico que ha experimentado el país en los últimos 20 años, y la yesca que provoca estallidos de violencia como el que esta semana se ha desatado en Dongzhou.
En un país donde el sistema judicial está bajo la autoridad del partido, los campesinos saben que tienen pocas vías para oponerse a las decisiones de las autoridades. Una de las pocas alternativas -el sistema de reclamaciones ante organismos oficiales conocido como shangfang- tampoco da respuesta a las necesidades de la gente. Se estima que cada día hay en Pekín entre 6.000 y 36.000 personas, procedentes de todas partes de China, para presentar quejas ante instituciones como el Consejo de Estado. Pero tan sólo dos de cada 1.000 de las apelaciones son resueltas a favor del demandante. Además, muchos de quienes acuden a la capital china son intimidados, atacados y detenidos por funcionarios de sus provincias de origen.
