Aclaración

Leí con atención el editorial del sábado pasado, Mar gruesa en Brasil. Creo que es justo destacar que todo el desenvolvimiento de la situación política en mi país ha mostrado con claridad una serie de aspectos positivos, entre los cuales destaco: la estabilidad institucional de nuestra estructura política democrática, que cuenta con el respaldo de toda la nación; la efectiva punibilidad de aquellos que se considera que han cometido errores; la persistencia de un clima de total respeto al orden jurídico y a la actuación independiente y armoniosa entre los poderes.

Creo ser igualmente justo subrayar que la línea en que se conduce la política económica también sigue contando con el respaldo de toda la clase política y de la sociedad civil, lo que reafirma, una vez más, la estabilidad jurídica que caracteriza la actuación gubernamental en ese campo, no sólo ahora, sino también en el futuro previsible.

Deseo mencionar también otro aspecto relativo a la edición del sábado de EL PAÍS. En el artículo publicado en las páginas 3 y 4, sobre la aplicación de la pena de muerte en EE UU y otros países, Brasil aparece entre aquellos en los que la pena de muerte sería"practicada en forma excepcional para algunos delitos". Eso no corresponde a la realidad. En Brasil, bajo el orden jurídico establecido por la Constitución de 1988, la pena de muerte no ha sido practicada nunca, una vez que la única circunstancia bajo la cual eso podría ocurrir, el caso de una guerra declarada contra otro país, no sólo no se ha dado, como también -y eso lo saben todos los brasileños- no hay ninguna perspectiva de que venga a darse.