El tripartito y CiU negocian frenar las grandes tiendas de electrónica y deporte

Las grandes superficies comerciales dedicadas a electrónica, electrodomésticos y material deportivo podrían tener condiciones más duras que el resto para abrir nuevos centros. Los grupos del tripartito -PSC, ERC e ICV- y CiU han llegado a un principio de acuerdo en este punto para pactar la nueva Ley de Equipamientos Comerciales, que regulará la apertura de grandes centros y que el Parlament aprobará previsiblemente el 15 de diciembre. La medida busca frenar a cadenas extranjeras que en pocos años han logrado gran cuota de mercado.

El dictamen de la ponencia de la ley se aprobó en comisión el pasado miércoles. Todos los grupos han acercado posiciones. Ahora se abre un periodo final de consultas entre los grupos antes de aprobar la ley.

Las negociaciones buscan que la ley en trámite acabe haciendo una referencia explícita a la necesidad de que las futuras tiendas de artículos deportivos, de electrodomésticos y de productos de electrónica con más de 1.000 metros cuadrados tengan un tratamiento específico en el decreto, que fijará los metros cuadrados de crecimiento comercial disponibles para los próximos cuatro años.

Se pretende frenar el crecimiento de algunas grandes cadenas extranjeras de electrodomésticos, artículos deportivos y electrónica que en pocos años han tenido una gran expansión basada en tiendas medianas, coinciden fuentes parlamentarias del PSC, ERC, CiU y PP.

En el último momento, el dictamen que ha salido de la ponencia parlamentaria ha introducido esta propuesta: "Los establecimientos dedicados esencialmente a la venta de electrodomésticos y electrónica de consumo, artículos deportivos y sus complementos, de equipamiento de la persona, y los dedicados a la venta de ocio y cultura con una superficie de venta igual o superior a 1.000 metros cuadrados tendrán un tratamiento específico en el PTSEC" [Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales], el decreto posterior a la ley que decidirá los metros de crecimiento de cada sector comercial.

Con el actual texto que debate el Parlament, la competencia para autorizar estos centros la tendrán los ayuntamientos. Pero CiU quiere que la futura ley recoja expresamente que se exigirá la licencia de la Generalitat para abrirlos, como ocurre con las tiendas de más de 2.000 metros situadas en las grandes ciudades, en vez la de los municipios, dice Oriol Pujol, diputado y ponente de la ley por Convergència i Unió (CiU).

Si la ley sale adelante, la mayor parte de las nuevas grandes superficies sólo podrán abrirse en los llamados "centros urbanos consolidados" de las capitales de comarca y de las ciudades que tengan más de 25.000 habitantes. Se mantienen las excepciones previstas a la apertura de centros en estaciones ferroviarias, aeropuertos o zonas situadas a menos de 15 kilómetros de pasos fronterizos.

El Departamento de Comerci, que dirige el consejero Josep Huguet, ya tiene avanzado el decreto que desarrollará la ley y está encontrando resistencias en algunos ayuntamientos, que quieren más metros comerciales para crecer, dicen fuentes parlamentarias y empresariales.Convergència i Unió ha retirado la enmienda a la totalidad que presentó al empezar el trámite parlamentario. Siempre ha defendido que no era necesaria otra ley distinta a la que se aprobó hace cinco años cuando ocupaba el Gobierno de la Generalitat, pero ahora ha suavizado su posición porque se han aceptado algunas de sus propuestas. Una de ellas es que se incluya el concepto de "oferta y demanda cuando haya que autorizar nuevas superficies; es decir, el número de centros existentes, la población y el gasto comercializable", afirma Oriol Pujol.

El diputado de CiU también valora que se haya reducido de seis a cuatro años el periodo en el que se revisarán los criterios de autorización de los nuevos centros y el compromiso "de que la superficie que resulte para crecer se vaya otorgando gradualmente y no de golpe". Aun así, CiU dice que su apoyo final a la ley no está garantizado. "Hemos retirado la enmienda a la totalidad, pero aún no hemos decidido si aprobaremos el conjunto de la ley", dice Pujol.

CiU plantea, entre otras cosas, que deben desarrollarse planes de impulso comercial para el comercio que ya existe y reducir las excepciones previstas. "Falta que se incluya que en los negocios de electrodomésticos, electrónica y artículos deportivos sea la Generalitat y no los ayuntamientos la que los autorice, algo que ahora no está recogido en el proyecto de ley", destaca Pujol.

Margen a los municipios

El diputado del PSC y ponente de la ley, Bernardo Fernández, indica que es necesario regular de forma específica las grandes tiendas de electrónica, electrodomésticos y artículos deportivos porque en estos sectores algunas empresas están distorsionando el sector y se han hecho con grandes cuotas de mercado. Pero señala: "Buscamos un acuerdo en este punto y, además, que los ayuntamientos puedan tener margen para aumentar su superficie comercial cuando lo necesiten, Creo que al final la ley puede salir adelante con amplio respaldo", añade el diputado del PSC.

El diputado Alfons Quera, de ERC, dice que la enmienda para sobre los grandes negocios de artículos deportivos y aparatos de línea blanca y marrón se produce porque "hay algunas empresas, casi todas extranjeras, que están acaparando una parte importante del mercado". "Buscamos un consenso con todos los partidos", añade Quera, "Creo que tenemos todos un modelo comercial similar de defensa del comercio de proximidad, incluido el PP; que tiene concepto más liberal", añade el ponente de ERC.

El PP también acepta la conveniencia de actuar en algunos sectores en los que se ha producido una distorsión "de las cuotas de mercado por el crecimiento de algunos grupos", dice el diputado de este grupo, Josep Llobet. "Pero tenemos que ver al final cómo queda el decreto que otorgará los metros cuadrados de crecimiento a cada municipio y sector", manifiesta Llobet.

El pleno del Parlament tiene previsto aprobar la ley, salvo imprevistos insalvables, el próximo día 15. La ley cambia el concepto de la de CiU, de 2000, centrada en mantener un crecimiento de los grandes centros comerciales según la oferta y la demanda a la hora de autorizar centros comerciales grandes. Ahora el concepto básico es que sólo se podrán abrir estos centros en las "tramas urbanas consolidadas"; es decir, las zonas más centrales de las poblaciones de más de 25.000 habitantes y en las capitales de comarcas.