Los subinspectores de Hacienda piden capacidad para combatir el fraude

Los inspectores técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), agrupados en el sindicato Gestha, reivindicaron ayer en Valencia, con ocasión de su congreso nacional, la urgente habilitación de los 8.000 diplomados que trabajan al servicio de Hacienda para disfrutar de la capacidad efectiva para aportar su fuerza de trabajo en el combate contra el fraude tributario en España.

El sindicato Geshta apoya el intercambio de datos fiscales entre el Estado y las autonomías

Los representantes de los 8.000 diplomados que trabajan al servicio de la Agencia Tributaria, calificados oficialmente como "subinspectores", denunciaron ayer en Valencia las prácticas que los funcionarios de más alto nivel, adscritos a los grupos A y B de la Administración, han impuesto en la "agencia feudal tributaria" para conservar sus cotos de poder. Pusieron como ejemplos el acceso privilegiado a cursos de formación o a determinadas primas en sus retribuciones.

José María Mollinedo, portavoz de Geshta, explicó que "no se subinspecciona, ni se subsanciona, ni se subembarga", pero denunció que los funcionarios de más alto rango, licenciados o doctores, lograron impulsar en 2001 un reglamento que "inhabilita" a los técnicos para asumir toda una panoplia de responsabilidades y, a través de la "defensa de intereses corporativos dañan al servicio público".

Mollineda apuntó que la Unión Europea sólo considera dos categorías de funcionarios. Los primeros ejercer funciones ejecutivas y pueden acceder a cargos de responsabilidad por decisión política y los segundos ejercer tareas administrativas. Y subrayó que tanto el Estatuto de la Función Pública, que impulsa el ministro Jordi Sevilla, como las directrices europeas que entraña el denominado Acuerdo de Bolonia sobre la homologación de títulos universitarios en todos los países de la Unión Europea, apuntan en la dirección correcta.

Sin embargo, el propio Mollineda asegura que cuando Juan Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda, intentó mejorar la eficacia de la Agencia Tributaria con una "democratización" de tareas, los funcionarios de más alto rango "le movieron la silla", forzaron su traslado y promovieron un nuevo reparto de tareas para defender sus intereses.

Geshta apoya la coordinación de la Agencia Tributaria con los responsables de Hacienda autonómicos, "tal como recogen los nuevos estatutos valenciano y catalán", para evitar que la información que baraja el Gobierno, las comunidades autónomas (sobre impuestos de sucesiones, por ejemplo) o las corporaciones locales (que gestionan el Impuesto de Bienes Inmuebles) permanezca en compartimentos estancos porque las tres administraciones "se ocultan los datos unos a otros". "Si se compartiera la información, la lucha contra el fraude sería mucho más eficaz", sostiene Mollineda.