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Francia endurece su modelo de inmigración y propone limitar el reagrupamiento familiar

Villepin anuncia medidas restrictivas y mayor control sobre los matrimonios de conveniencia

El Gobierno francés anunció ayer una serie de medidas destinadas a reducir el flujo migratorio, especialmente en lo relativo al reagrupamiento familiar y a los matrimonios mixtos conocidos como "matrimonios blancos" o de conveniencia, realizados a cambio de dinero. Se trata justamente de estrechar las dos principales vías utilizadas por los inmigrantes para obtener la residencia legal y la nacionalidad francesa. "Quiero que nuestra política de inmigración sea una política global, una política escogida. Esa es la condición de su eficacia", dijo ayer el primer ministro, Dominique de Villepin.

Simultáneamente, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, anunció el objetivo de expulsar, en 2006, a 25.000 inmigrantes en situación ilegal. Varios diputados del partido en el Gobierno, la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), han atribuido parte de la culpa de la reciente rebelión de las barriadas a las consecuencias de la política migratoria.

A diferencia de los procesos de regularización de extranjeros que han tenido lugar en España y otros países, relacionados con la existencia previa de un puesto de trabajo, el modelo francés para acceder a la residencia o la nacionalidad deriva de la asimilación por parte de alguien que ya tiene esta condición. De este modo, muchos de los que llegan a Francia acaban sumándose a las listas del paro o a las listas de ciudadanos subvencionados por el Estado.

El reagrupamiento familiar permitió en 2004 la entrada legal en Francia de 25.000 inmigrantes. Actualmente lo puede pedir cualquier persona que lleve tan solo un año residiendo legalmente en Francia. La nueva ley aumentará hasta dos años el plazo necesario de residencia para solicitarlo.

La vía de entrada más utilizada, sin embargo, es la del matrimonio con un ciudadano francés, que en 2004 permitió a 34.000 personas obtener la ciudadanía francesa, frente a los 13.000 de 1995. La nueva ley fijará en cuatro años, frente a los dos que se exigen ahora, el tiempo de vida en común para obtener la nacionalidad si la pareja vive en Francia, y de cinco si vive en el extranjero.

De la laxitud del actual sistema da idea el hecho de que entre las medidas que establecerá la nueva ley figura el hecho de que para legalizar un matrimonio celebrado en el extranjero será condición indispensable que la pareja se presente ante el cónsul francés, quien podrá plantear sus eventuales reservas sobre la unión. La fiscalía que se encarga de legalizar las actas de los matrimonios en el extranjero -la de Nantes- podrá oponerse a la transcripción al Estado civil francés de un enlace celebrado fuera del país si considera que hay posibilidad de fraude.

El Gobierno responde así a las numerosas denuncias de lo que se conoce como "matrimonios blancos", uniones legales de conveniencia a cambio de dinero o de otros beneficios por los que se accede a la nacionalidad. "La nacionalidad debe ser lo menos posible un derecho automático. Hay que luchar contra la tendencia que hace del matrimonio con un francés algo con lo que comerciar", dijo un portavoz del Gobierno.

De Villepin se refirió también al problema de la poligamia, denunciado desde la UMP como uno de los elementos determinantes de la oleada de violencia vivida en las barriadas de las grandes ciudades. "Tenemos que ser capaces de verificar el respeto de la ley que prohíbe la poligamia en nuestro país", dijo el primer ministro.

Muchos de los cambios exigen una revisión del Código Civil francés, por lo que el Gobierno debe aprobar previamente un proyecto de ley que debe estar listo antes del próximo verano. Algunas de las medidas chocan, de algún modo, con la tradición republicana y el propio Villepin lo admitía: "Es un derecho reconocido por la Constitución y no se trata de cuestionarlo, sino de organizarlo mejor para facilitar la integración de las personas afectadas".

El Gobierno quiere aumentar el flujo de entrada de estudiantes de todo el mundo; facilitar el acceso a las universidades y grandes escuelas del país de los más preparados y los de mayor talento, recuperando así el elemento meritocrático que parece haberse desvanecido de la sociedad francesa. "Escogeremos a los mejores, a los más motivados", dijo el primer ministro. Francia recibe más de 50.000 estudiantes extranjeros al año.

Asimismo, al igual que están haciendo numerosos países europeos, el Ejecutivo de Villepin quiere establecer algún tipo de señal de voluntad de integración para aquellos que deseen vivir en Francia. "La integración en nuestra sociedad, especialmente el dominio de la lengua francesa, debería ser una condición para poder traerse a la familia", dijo ayer.

[Ante el Senado, el ministro Sarkozy anunció el objetivo del Gobierno de expulsar a 25.000 inmigrantes en situación ilegal en 2006, frente a los 20.000 repatriados en 2005, informa France Presse. Según Sarkozy, entre 80.000 y 100.000 extranjeros se instalan clandestinamente en Francia cada año, cifra muy superior a los 13.000 que se maneja habitualmente. En España, 13.311 inmigrantes sin papeles fueron expulsados por orden judicial en 2004.]

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de noviembre de 2005