Amistades peligrosas

El ministro de Defensa, José Bono, se dispone a firmar el lunes en Caracas un acuerdo con el Gobierno venezolano para el suministro de ocho patrulleras, diez aviones de transporte y dos de vigilancia costera. Con un coste de 1.700 millones de euros, se trata del mayor contrato de exportación conseguido nunca por la industria militar española. En el caso de los buques garantiza que los astilleros públicos de Navantia en la bahía de Cádiz tendrán trabajo al menos hasta 2012, y constituye una de las bases sobre las que se cerró en su día el acuerdo con los sindicatos.

La venta de armas debe estar sometida a cautelas específicas. Pero en este caso no puede hablarse propiamente de armamento, sino de medios de transporte y patrullaje marítimo. Por otra parte, y aunque Chávez esté tomando derroteros preocupantes e incremente día a día su demagogia contra Bush, con un crescendo en los insultos personales, cabe recordar que es un país sobre el que no pesa ningún embargo internacional o regional de venta de armas.

La intervención pública del embajador de EE UU en Madrid, Eduardo Aguirre, para señalar que su país podría vetar la venta de los aviones al llevar tecnología americana no es muy acorde con los usos diplomáticos. Aunque Estados Unidos se reserva en efecto el derecho a impedir que su tecnología de navegación equipe los aviones, lo que dificultaría una parte de la operación.

La Administración Bush -que no otorgó contratos militares de importancia a España en tiempos de la luna de miel con Aznar, ni en Irak ni en otros países- ha convertido a Chávez en una figura enemiga, y, desde luego, el presidente venezolano ha hecho su propia contribución en hechos y en palabras. Pero a la vez que se separa de Washington, Chávez acaba de firmar un importante contrato de suministro de petróleo barato a los hogares más pobres de Massachusetts.

Estados Unidos ha sido hasta hace poco el mayor suministrador de armas a la Venezuela de Chávez. No puede aplicar distinto rasero ante un contrato que responde al interés de la industria española por cuanto inyecta 1.200 millones de euros, imprescindibles para la salvación de los astilleros públicos. Estos buques y aviones, por lo demás, para nada sirven como armas de exportación revolucionaria. Por su parte, Bono, cuya presencia ha exigido Chávez para firmar el acuerdo con las empresas, es sin duda consciente de que el venezolano puede montar para la ocasión otro espectáculo antiamericano. Pero el ministro español tiene tablas políticas suficientes para salir con bien del envite.