El presunto fraude detectado por la Fiscalía se cometió en 2000 y 2001 y asciende a 4,4 millones

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha presentado una denuncia contra 17 empresas acusadas de formar una trama de falsificación de facturas por un valor de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001. Entre las sociedades denunciadas está Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que habría aceptado facturas por servicios no realizados. Entre los 25 denunciados, figuran tres consejeros del parque temático y el empresario Vicente Conesa, que fue relacionado con adjudicaciones irregulares en Benidorm siendo alcalde Eduardo Zaplana.

Terra Mítica insiste en que todos los pagos corresponden a trabajos realizados

El coordinador de delitos económicos de la Fiscalía del TSJ, Jesús Carrasco, recibió en junio de este año 70 cajas con la documentación de la inspección realizada por la Agencia Tributaria a varias empresas por supuesto fraude en los impuestos del IVA y de sociedades. La investigación que desde entonces ha realizado la Fiscalía se convirtió ayer en una denuncia presentada en los juzgados de Valencia. En ella, la Fiscalía denuncia a 17 empresas "como un grupo de sociedades que habrían desarrollado una trama organizada que permitía a través de la falsificación de facturas una defraudación a la hacienda pública en los ejercicios 2000 y 2001 por un importe inicial de 4.421.319 euros".

La denuncia imputa esos hechos inicialmente a 25 personas, entre ellas a varios empresarios -Vicente Conesa Fernández Vitoria, Antonio Vicente Moreno Carpio y José Luis Rubio Sánchez- y a tres miembros de los 23 integrantes del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA. La Fiscalía no quiso facilitar los nombres relacionados con dicha sociedad (participada en un 20% por la Generalitat Valenciana, en otro 20% por la CAM y en otro 20% por Bancaja). Sin embargo, precisó que no se halla implicada ninguna de las entidades bancarias presentes en el consejo.

El fiscal que recibió el asunto explicó que de lo que se conoce hasta ahora se deduce que el supuesto delito fiscal a través de falsificación de facturas se orquestó a través de un grupo de empresas estructuradas con la participación de sociedades pantalla. La investigación de la Agencia Tributaria se concentró en 12 entidades. La Fiscalía, un mes después de ponerse sobre el asunto, la amplió hasta 30. Finalmente, considera que el núcleo de la trama está en seis: Altos del Carrichal SL; Gribal SA; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente SL; Excavaciones Escoto SL; y Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA. A esas se añaden otras once, de las cuales algunas no consta que hayan tenido actividad alguna y en otras aparece una actividad que en nada tiene que ver con los servicios supuestamente prestados, facturados y cobrados. Por ejemplo, según fuentes de la Fiscalía, una empresa dedicada a la fabricación y venta de lámparas aparece como proveedora de un servicio millonario de construcción.

El ministerio público casi ha duplicado la cantidad supuestamente defraudada que inicialmente señaló la Agencia Tributaria, de 2,4 millones de euros. En el rastreo de facturas no es Terra Mítica el centro de la trama, pero sí está claro para la Fiscalía que Terra Mítica emitió facturas por trabajos de excavación y ajardinamiento en el parque que no se han realizado. El parque temático tuvo un sobrecoste de 210 millones de euros que le llevó a la suspensión de pagos.

En un comunicado emitido ayer, Terra Mítica asegura que "todos los pagos en la fase de construcción están perfectamente contabilizados". Para la dirección del parque, la denuncia de la Fiscalía, basada en "una inspección parcial de la Agencia Tributaria, es consecuencia de una serie de actuaciones inspectoras realizada a una de las más de doscientas empresas que trabajaron en la construcción del parque temático de Benidorm". Según los gestores de Terra Mítica "todos los pagos corresponden a trabajos realizados".

Fuentes de la fiscalía apuntan a que el nudo de la trama gira alrededor de la familia Conesa-Ripoll. El empresario Vicente Conesa (que aparece en dos de las empresas implicadas: Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA y C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente) estuvo en el centro de dos polémicas contratas de Benidorm en 1994.