El Seprona investiga a 21 personas por levantar viviendas en una zona no urbanizable e inundable de Alicante

El propietario de una parcela situada en la pedanía de El Moralet de Alicante, la más alejada del casco urbano, convenció a varias personas para que invirtieran en su terreno. La idea consistía en trocear la finca en 12 partes para que cada cual construyera su propia vivienda. Los trabajos fueron avanzando, a pesar de que se erigían sobre suelo no urbanizable e inundable, situación que conocían todos los implicados, según la investigación de la Guardia Civil de Alicante. Los empleados en la construcción, además, eran mayoritariamente trabajadores irregulares sin contrato. Las pesquisas desarrolladas de oficio por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) desde marzo del pasado año culminaron a finales de diciembre y 21 personas han sido imputadas como investigadas por delitos contra la ordenación del territorio e urbanísticos, además de otros contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

La operación, denominada Insidias 2, arrancó con una inspección rutinaria de una patrulla del Seprona en la pedanía de El Moralet, una zona rural situada a unos 18 kilómetros del centro de la capital alicantina y con 2.322 habitantes censados en 2023. En marzo de 2024, la patrulla detectó la construcción de varias viviendas, en distintas fases de ejecución, en una parcela situada sobre una rambla y, por tanto, inundable, en la que, además, no estaba permitida la edificación. La investigación, prolongada durante nueve meses, logró establecer como punto de partida una empresa ficticia gestionada por uno de los investigados, que se presentaba como gerente de la firma y propietario del suelo entre los potenciales compradores.

Esta persona fue capaz de convencer a otros de los investigados por la Guardia Civil para que se asociaran con él y montaran una mercantil real que comprara su terreno, de unos 11.000 metros cuadrados, y lo subdividiera en 12 parcelas más pequeñas en las que cada uno podría construir la vivienda que se le antojara. En todo momento, asegura la Guardia Civil, los compradores conocían la ilegalidad de la operación y la imposibilidad de levantar cualquier inmueble allí.

La construcción fue avanzando conforme proseguía la investigación del Seprona. Los empleados se captaban mediante anuncios en las redes sociales, aunque los agentes descubrieron que las cuadrillas estaban formadas por ciudadanos extranjeros, principalmente de origen colombiano, en situación irregular. No se les ofrecía contrato de trabajo ni se les daba de alta en la Seguridad Social. Los obreros carecían de medidas de protección laboral, sus condiciones estaban por debajo de las que establece la legalidad vigente y, en algunos casos, ni siquiera percibían un salario, ya que los promotores de la urbanización se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad.

Los investigadores recabaron toda la información posible sobre la situación urbanística del terreno, la legalidad de la empresa promotora e incluso el origen del suministro de agua utilizado para las obras, ya que comprobaron que carecía de licencia. A finales del pasado diciembre, la operación concluyó con la imputación tanto de los vendedores como de los compradores que formaban parte de este entramado fraudulento, según la Guardia Civil, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. A uno de ellos se le considera el constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones. En total, hay 21 investigados, de entre 25 y 66 años, 14 hombres, seis mujeres y una persona jurídica, todos españoles salvo uno de nacionalidad armenia, a los que se imputan delitos urbanísticos y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Toda la documentación se ha puesto en conocimiento de un juzgado de Alicante.

El Ayuntamiento parará las obras

Fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento de Alicante “ultima la tramitación de un expediente” sobre esta urbanización irregular y que “emitirá en breve el decreto de suspensión de las obras”. Además, enviará un informe técnico a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), la entidad con competencias en la tramitación del expediente de restauración urbanística de la legalidad.

La Concejalía de Urbanismo tiene 42 expedientes abiertos actualmente por infracciones similares, tipificadas como “graves”. Dentro del plan de erradicación de asentamientos irregulares en zonas inundables, establecido junto al Seprona y la AVPT, ya han notificado “cinco decretos de suspensión de obras de reparcelación”, a los que se sumarán otros dos en los próximos días. Estos decretos ordenan la “paralización y suspensión inmediata de los actos u obras de edificación o uso del suelo”, ya que se consideran “actuaciones de manifiesta ilegalidad y sin posible subsanación por estar ejecutándose sin ser conformes con el planteamiento municipal”.

Desde el Ayuntamiento alicantino apuntan también que el alcalde, Luis Barcala (PP), ha solicitado a la AVPT que se prioricen las actuaciones en zonas con riesgo de inundación, y que está en curso un informe jurídico sobre la legislación aplicable en casos de construcción o usos sobre suelos calificados como “no urbanizables rústico-rambla” para agilizar el desmantelamiento de estos asentamientos.