Condenados dos exviceconsejeros de la Junta de Castilla y León por corrupción urbanística en el caso ‘Perla Negra’

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León (PP), Rafael Delgado, a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros nueve años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa por el caso de corrupción urbanística conocido como ‘Perla Negra’. Junto al ex alto cargo han sido penados otros nombres importantes de aquella Junta, aunque no ingresarán en prisión. La también exviceconsejera Begoña Hernández ha sido sentenciada a dos años y dos meses de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación administrativa. La sentencia, difundida este miércoles, llega meses después de que terminaran en mayo las declaraciones de la cúpula de la consejería de Economía entre 2005 y 2009, cuando se decidió y ejecutó la adquisición de una parcela y un inmueble por 20 millones de euros más de lo tasado. Los implicados apuntaron al exconsejero Tomás Villanueva, fallecido en 2017. El entonces presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, compareció ante el juez para desmarcarse del caso pese a que otro testigo declaró que le avisó de las sospechas.

El caso comenzó con la compra de unos terrenos y un inmueble en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para uso de la consejería de Economía. El sobreprecio, con 20 millones más de lo estipulado, propició esta causa, apodada ‘Perla Negra’ por el color negro del edificio y la sombra de sospecha sobre el proceso. Asimismo, se investigó un dislate de 3,4 millones en un polígono en Arrabal de Portillo (Valladolid) que nunca llegó a funcionar. La sentencia se centra en Rafael Delgado, el único que irá a la cárcel al recibir una condena superior a los dos años de prisión, y a Begoña Hernández, sin prisión pero con dos años y dos meses inhabilitada. Además, sanciona a parte de la cúpula de la empresa pública Gesturcal, dependiente de la consejería de Economía de Herrera, y a la empresa que gestionó la operación inmobiliaria, Urban Proyecta. La sentencia recoge estas penas en lo referido a Arroyo de la Encomienda: Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal, dos años, un mes y 15 días de inhabilitación y Germán José Martín y Ángel Montes, de Urban Proyecta, 11 meses de cárcel por tráfico de influencias. En cuanto a las maniobras por el polígono de Arrabal de Portillo, los siguientes empresarios condenados por tráfico de influencias reciben siete meses de prisión, por lo que no serán privados de libertad, y una multa de 1,47 millones de euros: Francisco Esgueva, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Valladolid no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En concepto de responsabilidad civil, Rafael Delgado, Germán José Martín y Ángel Montes deberán pagar 4,5 millones de euros a la Administración autonómica. Por otro lado, Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González habrán de indemnizar con 2.026.198,37 euros a la Administración autonómica

El 8 de mayo, tras tres meses de desfile ante el tribunal, concluyeron las citaciones en la Audiencia Provincial de Valladolid, con una tónica: los acusados señalando a Tomás Villanueva, quien fue exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta, muerto en 2017. El origen del caso está en un conjunto de edificios en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que costó 60,5 millones de euros, 10,5 más de los tasados. Además, la consejería abonó otros 10 millones correspondientes a la promotora, Urban Proyecta. También se investigó la compra de unos terrenos para la construcción de un polígono industrial inoperativo en Portillo (Valladolid), con un posible desvío de 3,4 millones. La Fiscalía pedía 70 años de cárcel y multas millonarias para los 12 encausados; el PSOE, como acusación particular, lo elevó a 221 años.

La estrategia de los principales sospechosos coincidió en apuntar a quien no se podía defender, el exconsejero Villanueva, fallecido por causas naturales en 2017, al día siguiente de conocerse que Hacienda le investigaba 83 cuentas bancarias internacionales. Delgado y Hernández aseguraron ante el juez que las decisiones las tomaba el político difunto, figura de máxima importancia en la Junta durante dos décadas. También compareció el expresidente Herrera, que testificó algo nervioso al principio, pero salió silbando de los juzgados, tras alegar que “tenía sentido” la compra del inmueble y despejando responsabilidades sobre la eficacia posterior de la operación: “No soy quién para juzgar si fue un acierto”. El exmandatario, ahora al mando del Consejo Consultivo de Castilla y León con 80.000 euros de sueldo anual, ha admitido que fue avisado de los sobrecostes que se rumoreaban sobre La Perla Negra, apodada así por el color y las corruptelas piratescas comentadas al respecto, mote siempre reprobado por Herrera.

“Yo tomo conocimiento del interés y las gestiones en torno al edificio de Arroyo por un comentario casi confidencial de Pablo Trillo, que me transmite su inquietud personal”, señaló. Trillo, actual procurador del PP en las Cortes autonómicas y entonces cargo en la empresa pública que gestionaba la operación, reiteró también en la Audiencia que los informes sobre los precios le parecían “muy altos, costosísimos o elevadísimos”. Por responsabilidad, decidió acudir al despacho del jefe. El presidente le respondió que “se informaría”, pues afirmó desconocer los indicios, y habló con su “amigo personal” Villanueva, si bien nunca se tomaron medidas y la operación culminó con el citado sobrecoste. El proceso judicial se ha dilatado durante años, tras comenzar en 2013, con suspensiones derivadas de la falta de documentación y diversos retrasos.