La ‘Perla Negra’ de corrupción urbanística del PP de Castilla y León pone rumbo a los juzgados

La Perla Negra llega a puerto judicial. La Audiencia Provincial de Valladolid albergará a partir del próximo 26 de febrero las sesiones para dilucidar el caso Perla Negra, donde se investigan sobrecostes urbanísticos de 20 millones de euros en la compra de una parcela y un edificio de la Junta de Castilla y León en Valladolid en 2005. La instrucción comenzó en 2013 y ha sufrido múltiples retrasos, el último por falta de documentación cuando iban a juzgarse los hechos en marzo de 2022. El proceso implica a cinco ex altos cargos de la Junta y a siete empresarios afines al PP. Entre los señalados, a quienes la Fiscalía pide un total de 79 años de cárcel, se encuentran los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, para quienes se reclaman 11 de prisión. El expresidente autonómico Juan Vicente Herrera (PP) deberá declarar como testigo porque fue informado, sin reaccionar, sobre los precios desmedidos. El actual PP rechaza acusaciones aludiendo a que el caso pertenece a otra época.

La adquisición del terreno y el inmueble de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) por parte de la empresa pública Gesturcal ascendió a 60,5 millones de euros pese a una tasación inicial de 50. La entidad también pagó 9,7 millones a la promotora Urban Proyecta PM3 SL, por cuestiones que esta misma debía asumir. Algunos de los importes inflados implicaban al estudio de arquitectura Unifica, autor de la reforma de la sede nacional del PP y cuyos gerentes fueron condenados por delito fiscal por la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha señalado a los exviceconsejeros Delgado y Hernández, a quienes reclama 11 años de prisión y 16 millones de euros de multa. Ambos, durante el periodo de instrucción, apuntaron al exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, fallecido en 2017 por causas naturales a los 64 años pocos días después de que Hacienda le investigara 83 cuentas bancarias. Villanueva se ha convertido en un nombre tabú para el PP autonómico, pues fue hombre de máxima confianza del expresidente Herrera y su nombre siempre se vincula a presuntas causas corruptas de la Junta, como la también judicializada Trama Eólica por concesiones irregulares de licencias de molinos de viento.

La defensa de Begoña Hernández reclamó a Herrera como testigo, pues el exconsejero de Gesturcal Pablo Trillo aseguró en la instrucción que él mismo alertó al mandatario sobre la “disparatada” cuantía destinada al edificio y sus terrenos sin que Herrera reaccionara. El color negro del inmueble y los rumores sobre las corruptelas bautizaron como “Perla Negra” al edificio, en alusión al barco del pirata cinematográfico Jack Sparrow. El inmueble es hoy sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta, dependiente de Economía.

La cita de Herrera y sus altos cargos con la Audiencia aprieta en privado a un PP que en público despeja la cuestión aludiendo al tiempo transcurrido y la no implicación de mandos actuales. Fuentes del partido destacan que el tema inquieta a la formación, pues el calendario judicial de 2022, aunque posteriormente suspendido, indujo al adelanto electoral a febrero de ese año, génesis del pacto PP-Vox tras despachar Alfonso Fernández Mañueco a Ciudadanos. “Tienen que estar acojonados, el juicio llegará después de las elecciones gallegas y será pimpam, pimpam todo el día”, afirma un implicado en el caso, con Galicia como factor clave: “Si el PSOE y Vox fallan en las gallegas van a insistir mucho por ahí para debilitar al PP y cambiar el discurso”.

Las pesquisas de la Fiscalía inciden en las irregularidades de la compra, con tasaciones desmesuradas incluyendo cantidades prohibidas por la normativa o “valorar dos veces los mismos conceptos”. Asimismo, el periodo de adjudicación se redujo para beneficiar a Urban Proyecta, empresa creada meses antes de iniciarse el proyecto autonómico. La compañía pagó 12 millones de euros por el terreno cuando el anterior adquiriente desembolsó por el suelo 660.000 euros. “Tuvo información que solo pudo facilitarse por quien tenía facultad de decisión: Tomás Villanueva o Rafael Delgado”, expuso el Ministerio Público. El representante del estudio de arquitectura confesó que poseían “el pliego de condiciones” antes de salir este a concurso público. Urban “sabía que sería la adjudicataria y beneficiaria”, de ahí las cuantiosas inversiones. “El alquiler y la compra del edificio a Urban Proyecta parten de la decisión personal de [Tomás] Villanueva y conculcó gravemente la legislación vigente”, denunció la fiscal, quien afirma que Delgado y Hernández actuaron así “disfrazando la adjudicación directa de contratos decididos” aprovechando que ambos presidieron Gesturcal durante sus etapas de poder en la consejería de Economía. Gesturcal perdió 15 millones de euros entre 2009 y 2014, con la Perla Negra ya en funcionamiento, una década de que el tema surcara los juzgados e incomodase al PP autonómico.