La Físcalía pide 42 años de cárcel para un exviceconsejero de Castilla y León por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena total de 42 años de prisión y multas que suman 239 millones de euros para Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, por la conocida como “trama eólica”, la red de cobro de sobornos a cambio de licencias para instalar parques eólicos que comenzó a investigarse en 2017. Delgado, que fue viceconsejero y también secretario general de Economía entre 2003 y 2011, se sentará en el banquillo de los acusados junto con otros 16 antiguos altos cargos y empresarios de la comunidad. En la causa, que se juzgará en la Audiencia Provincial de Valladolid, se investigan delitos de prevaricación, contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.

Una de las claves del escrito del fiscal Tomás Herranz radica en el papel del exconsejero de Economía y de una figura clave en los gobiernos de la comunidad durante varios años, Tomás Villanueva, que falleció en septiembre de 2017 a los 64 años. En aquella época gobernaba el presidente Juan Vicente Herrera, del PP.

Anticorrupción considera que Villanueva dirigía la trama con el apoyo de Delgado y de Ricardo Bravo, alto cargo de Iberdrola y también acusado. Su supuesta estrategia consistía en exigir a los promotores con terrenos candidatos a albergar parques eólicos “que cedieran o permitiesen la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización”. Según el escrito del fiscal, la participación requerida rondaba el 40% del total.

Rafael Delgado, según el ministerio público, cometió tres delitos continuados de cohecho, seis delitos de extorsión, otro de prevaricación, otro de tráfico de influencias, dos contra la Hacienda pública y uno más de blanqueo. Otros acusados también cuentan con vinculación con la Junta: el exdirector de Deportes Andrés Martín Paz o el responsable de Energías y Minas, Manuel Ordóñez.

Delgado, aprecia el fiscal, ordenó en 2003 a los encargados del área de Industria que no otorgasen más autorizaciones de explotación eólica y los emplazó a crear una instrucción para que fuese él mismo quien tuviese capacidad de asignarlas. El fiscal cree que, a partir de este movimiento, Delgado pudo conceder las licencias durante su etapa como viceconsejero tanto de forma directa como dando órdenes a los jefes de servicio.

La portavoz socialista en la comisión que investiga estas presuntas irregularidades en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, resaltó que las indemnizaciones que se piden rozan los 850 millones de euros. Gómez insistió en que su partido “no se equivocaba” al apuntar al PP como implicado en estos delitos. El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea (de Ciudadanos, partido que gobierna en coalición con el PP), expresó su confianza en la justicia y en que se “cumplan penas”, si bien ha precisado que ningún miembro actual del Ejecutivo autonómico está afectado por este caso.