Los sobrecostes de 20 millones de euros aprietan al PP de Castilla y León en el ‘caso Perla Negra’

La Perla Negra es el barco del capitán Jack Sparrow en la saga cinematográfica Piratas del Caribe y, en un territorio alejado del mar como Castilla y León, es el nombre de un edificio administrativo que ha protagonizado una de las tramas de corrupción urbanística más sonadas de la autonomía, donde el PP es hegemónico desde 1987. La Junta compró el inmueble, en Arroyo de la Encomienda, municipio anexo a Valladolid, hace 20 años, y la operación llevó aparejados unos sobrecostes de 20 millones de euros. En 2013, un juez abrió una investigación sobre el mal uso de los fondos públicos, y una década después, tras una singladura azarosa, la nave judicial ha llegado a su primer puerto: la vista oral. Desde el lunes de la semana pasada, la Audiencia Provincial intenta esclarecer los tejemanejes entre altos cargos de la Consejería de Economía y empresarios afines al PP.

El juicio comienza casi dos años después de suspenderse por la falta de documentación y pese a que la defensa de los acusados reclamó, en vano, retrasarlo de nuevo. Los grandes señalados son los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, a quienes la Fiscalía reclama 11 años de prisión. El expresidente regional Juan Vicente Herrera (2001-2019) también declarará, como testigo, pues fue avisado del coste excesivo y no reaccionó.

Las cuestiones previas se abordaron el pasado lunes y se resolvieron en un día, y no en los tres previstos, dando paso a un extenso calendario de comparecencias, hasta el 8 de mayo. El tribunal ha citado a 12 encausados, cinco de los cuales pertenecían a la Consejería de Economía entre 2005 y 2012, bajo la presidencia de Herrera, así como a siete empresarios con vinculación personal y comercial con miembros del PP. A todos se les reclaman penas totales que varían desde los 70 años solicitados por la Fiscalía a los 221 que demanda el PSOE, personado como acusación particular. El juzgado acogerá 26 sesiones para escuchar a los 90 testigos, incluidos peritos y antiguos cargos de la Junta o de empresas públicas. A los procesados se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, revelación y violación de secretos, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. Al caso más notorio de la Perla Negra se unen tácticas similares en unas parcelas de un parque empresarial prácticamente abandonado en la localidad de Portillo.

La investigación se centró en la adquisición del terreno y del edificio en Arroyo por parte de Gesturcal, una empresa pública que pagó 60,5 millones de euros pese a una tasación inicial de 50 millones. Además, abonó casi 10 millones a la promotora Urban Proyecta PM3 SL por aspectos que la propia empresa debería haber asumido. También está implicado el estudio de arquitectura Unifica, autor de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid y cuyos responsables acabaron condenados por delito fiscal por la Audiencia Nacional. La Fiscalía acusa a los exviceconsejeros Delgado y Hernández por esas maniobras y, además de los 11 años de cárcel, solicita una multa de 16 millones de euros. Las relaciones de estos políticos con los empresarios saltan de lo profesional a lo personal, pues Delgado llegó a comprarle al empresario Alberto Esgueva, también entre la docena de imputados, dos viviendas en Santander y a su esposa le adquirió una casa en una urbanización cerca de Valladolid.

Durante la fase de instrucción, la estrategia de estos dos implicados y de las otras figuras políticas investigadas consistió en señalar a Tomás Villanueva. El exconsejero de Economía, hombre de gran importancia en la Junta de Castilla y León, murió en 2017 cuando ya le salpicaban las investigaciones por corrupción tanto por la Perla Negra como por la denominada trama eólica, que estudia aún sin fecha de juicio las irregularidades en la concesión de licencias en parques de molinos de viento. La muerte de Villanueva, siempre presente en los mentideros y corrillos políticos de Castilla y León por su poder e influencia, se atribuyó a “causas naturales” cuando tenía 64 años y al poco de que Hacienda le investigara 83 cuentas bancarias.

Los imputados endosan al fallecido Villanueva, persona de la máxima confianza de Juan Vicente Herrera, la responsabilidad de las gestiones presuntamente ilícitas. Villanueva fue desde 1995 vicepresidente y consejero sucesivamente de Industria, de Educación y de Economía, cargo que dejó en 2015 cuando emergió el caso Perla Negra. Herrera deberá comparecer en la Audiencia Provincial de Valladolid como testigo. El consejero de Gesturcal Pablo Trillo le avisó del “disparatado” precio que implicaría ubicar en esos terrenos y en ese edificio la sede de la ya desaparecida Agencia de Desarrollo. El inmueble actualmente se dedica a Soluciones Empresariales, también del ala de Economía de la Junta.

El PP del actual presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, en el poder desde 2019, se desmarca diciendo que este caso de posible corrupción corresponde a una etapa anterior, si bien el PSOE ha denunciado hace unos días que el Gobierno autonómico ha adjudicado 15 millones de euros de fondos europeos a la empresa de Francisco Arnedo, también investigado en esta trama de irregularidades y sobrecostes. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, corrupción y revelación de secretos.