La hora del pacto

Múltiples informes de organismos internacionales vienen mostrando desde hace años que el sistema educativo español no sólo no está en condiciones de afrontar las nuevas exigencias de la sociedad globalizada, sino que sus resultados evolucionan a peor y nos colocan en uno de los lugares más bajos de Europa. Tenemos los mayores índices de abandono de los estudios y fracaso escolar, y el nivel de satisfacción de padres y profesores ha caído hasta niveles descorazonadores. Que la mitad de los padres considere que el sistema educativo funciona mal y que el colectivo de enseñantes sea el que solicita más bajas laborales por depresión indican a las claras el pozo en el que nos estamos hundiendo.

A semejante catástrofe no se llega en dos días y a ella ha contribuido, sin duda, el hecho de que los dos principales partidos políticos hayan sido incapaces de aparcar los intereses electoralistas y alcanzar un pacto de Estado que dé al sistema educativo un marco estable y duradero. Ambos han gobernado suficientes años este país como para compartir la responsabilidad, en lugar de tratar de endosársela al otro: el PP diciendo que el fracaso es efecto de la LOGSE aprobada por los socialistas, y éstos, que el informe de Bruselas se refiere al periodo 2000-2003, en que gobernaba Aznar.

El gesto del presidente del Gobierno de recibir a las organizaciones que convocaron la manifestación del pasado sábado contra la Ley de Ordenación de la Educación es una oportunidad que puede marcar un punto de inflexión en el enconado debate sobre el sistema educativo. Rechazar la mano tendida por Rodríguez Zapatero para alcanzar un acuerdo dejaría a la oposición y a las organizaciones convocantes desnudas de argumentos y pondría igualmente al descubierto que, más que buscar una mejora del sistema educativo, lo que pretenden es desgastar al Gobierno en plaza. Ha llegado la hora de recuperar la cordura y la responsabilidad, la hora de negociar y hacerlo sin demagogias, allí donde corresponde, en el Congreso de los Diputados.

Hay margen para un acuerdo. De hecho, si los alumnos deben repetir con más de dos o tres suspensos, si debe arbitrarse una alternativa para que dejen el aula los que ya no sacan ninguna ventaja de permanecer en ella, o el porcentaje de materias comunes a estudiar en las diferentes comunidades autónomas, son cuestiones que pueden ser objeto de negociación. Pero hay líneas rojas que no se deben traspasar. El respeto a los intereses del sector concertado, mayoritariamente vinculado a la Iglesia, en ningún caso puede traducirse en un sistema de privilegios que conduzca a un modelo dual de la enseñanza.

Cabe para la educación el mismo planteamiento que tan buen resultado ha dado en sanidad: todos los centros que se financien con fondos estatales forman parte del sistema educativo de utilización pública y, en consecuencia, deben compartir los derechos; entre ellos, a una financiación suficiente. Pero también las cargas; entre ellas, los alumnos con necesidades educativas especiales. Y para ello es preciso establecer algún sistema que permita equilibrar la inscripción. ¿Se imagina alguien que un hospital concertado pudiera seleccionar a los enfermos?

Si la enseñanza es gratuita, debe serlo en todos los centros, también en los concertados, y no cabe que puedan cobrar cuotas encubiertas con subterfugios diversos. De lo contrario, el derecho a la libre elección del centro por parte de los padres se convertiría en la práctica en el derecho de los centros a la libre selección de los alumnos, lo cual actuaría -como sucede a veces- como reclamo y factor de segregación, en detrimento de un sector público cada vez más depauperado. Y no hay que olvidar que la brecha educativa es el germen de la brecha social y que se juega en ello, además, la integración de los hijos de los inmigrantes.