No preguntar, no saber

¿Cuántas personas pueden estar en estos momentos en Estados Unidos y en Europa, dos regiones del mundo civilizadas y con regímenes democráticos, relacionadas con la tortura? Según la fundación Corpwatch (www.corpwatch.org), especializada en pedir responsabilidades a las empresas privadas, este verano en la ciudad de El Paso (Texas) se juntaron "varias docenas" de personas en ruta hacia prisiones iraquíes y otros lugares de detención donde ejercerían, durante seis meses, labores de interrogatorio a cuenta de las autoridades que dirigen esos centros. Todos ellos eran civiles que han firmado contratos con una empresa privada, concesionaria a su vez de contratos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La idea es que estos civiles, al igual que los contratados por la CIA, no están sometidos al severo código militar y a su clara prohibición de ejercer torturas sobre los detenidos. ¿Cuántas personas están ahora participando directamente en estas operaciones y cuántas simplemente dejan hacer, perfeccionan y amplían la oferta de sus empresas, rellenan los papeles, organizan los viajes, miran para otro lado y ponen todos los medios a su alcance para evitar que alguien les informe de lo que ocurre y de lo que están haciendo? ¿Cuántas personas con autoridad pública, en Estados Unidos y en nuestros países europeos, saben lo que pasa, miran a otro lado y cuando, accidentalmente, todo ocurre demasiado cerca, cierran los ojos y callan?

La capacidad de falsear y deformar ha empezado por alterar, con la ayuda y el esfuerzo de abogados y especialistas en derecho, la definición del mero concepto de secuestro y de tortura. Stanley Cohen, en un instructivo libro que se llama States of Denial (Tipos de desmentido) advierte del éxito que está alcanzando lo que llama "desmentido interpretativo": no estamos torturando a detenidos porque lo que estamos haciendo no es tortura sino, en todo caso, maltrato o "presión insoportable". Afortunadamente, otros expertos en derecho, como Lisa Hajjar, profesora de la Universidad de California, han encontrado la manera de taponar esa vía de escape: en derecho internacional, asegura Hajj, lo que define mejor el concepto de tortura no es el tipo de daño o sufrimiento que se inflige al detenido sino el hecho de que todo ello ocurre cuando está bajo custodia de una autoridad pública y cuando esos maltratos se aplican "en beneficio público" (es decir, no por cuestiones privadas o personales). De nada debería valer que el Ejército use empresas privadas para transportar personas secuestradas, para dirigir centros de detención o para llevar a cabo los interrogatorios. No estarán sometidos al Código Militar, pero siguen actuando en beneficio del Gobierno de Estados Unidos y siguen siendo reos del delito de torturas.

Romper el tabú del secuestro y de la tortura será una de las grandes desgracias de nuestro tiempo y tendrá responsables claros: tanto los poderes públicos que la promovieron como los que, entre ellos y entre nosotros, tenían autoridad para denunciarla y optaron por el siniestro "no preguntar, no saber".

Afortunadamente hay otros, entre nosotros y en Estados Unidos, que quieren saber y que investigan incluso lo que parecen "meras suposiciones" en capítulos mucho menos importantes. Nuestros amigos del Gobierno norteamericano, por ejemplo, han sido "condenados" hace poco por la mismísima Government Accountability Office (un departamento del Congreso de Estados Unidos encargado de controlar la responsabilidad del Ejecutivo) por realizar "propaganda encubierta" dentro de Estados Unidos, algo que prohíbe la ley norteamericana. En concreto, y es sólo uno de los varios casos que relata The New York Review of Books en su último número, se ha demostrado que el Gobierno de George Bush pagó 240.000 dólares en secreto a un conocido articulista y comentarista de radio y televisión conservador para promover sus políticas educativas. Nada era poco para el presidente de Estados Unidos a la hora de defender su concepto de la escuela y del derecho de los padres a elegir. solg@elpais.es