Las 'pymes' alertan de los efectos en la economía española del boicoteo a productos catalanes

La patronal más representativa de las pequeñas y medianas empresas (pymes) catalanas se reunió ayer con la prensa madrileña para reclamar a los partidos que pacten la reforma del Estatuto de Cataluña en su trámite en las Cortes; que eviten la crispación y para advertir de que el boicoteo a los productos catalanes tendría efectos negativos en el conjunto de la economía española.

Este encuentro inédito con los medios de comunicación en Madrid lo protagonizó Josep González, presidente de la Pimec, la patronal más representativa de las pymes catalanas, con 72.000 empresas asociadas, al que le acompañaron Lorenzo Amor, presidente de la Ata, la mayor representación de pymes de España, con 420.000 miembros; y José Antonio Galiana, presidente de las de la Comunidad Valenciana, con 44.200 empresas asociadas.

Los tres líderes empresariales coincidieron en criticar el "clima de crispación política" generado en torno al debate sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña y sus efectos negativos en la vida empresarial. El presidente de las pymes catalanas admitió que hay "algunos casos" de boicoteo a los productos catalanes en el resto de España, pero precisó que, por el momento, "no son significativos".

Otras fuentes señalaron que "aunque lo fueran, nadie lo reconocerá, porque las consecuencias serían peores", en alusión a la campaña de boicoteo al cava catalán de la que hace semanas se hizo eco la cadena de los obispos, la Cope.

Difusión de listas negras

Ante este panorama, el presidente de la patronal catalana pidió "sensatez" para que "los primeros efectos de los llamamientos al boicoteo no vayan a mayores". Por su parte, el presidente de la patronal española admitió su preocupación por "la difusión de listas de productos, por Internet, que no deben ser consumidos" y alertó de "su vinculación con las grandes empresas de distribución, dado que se invita, en muchos casos, a optar por las marcas blancas, en lugar de los productos fabricados en Cataluña".

También puso el acento en que un boicoteo a los productos catalanes generaría un "efecto bumerán" negativo en el conjunto de la economía española por "las estrechas relaciones económicas entre todas las comunidades autónomas" y que "se extendería a quienes trabajan para las empresas catalanas".

Como muestra de ello señaló que de la red de 85.000 agentes comerciales que hay desplegados por España, el 60% trabaja para compañías catalanas y el boicoteo a los productos que representan afectaría, además de a los productos, a su propio empleo.

Los tres líderes empresariales, aunque evitaron culpar a ningún partido político de la campaña de boicoteo a los productos catalanes, sí pidieron a todos ellos evitar la "crispación" y, en alusión al PP, que pacte la reforma del Estatuto de Cataluña en las Cortes con los demás partidos.