Turbios vuelos

El turbio caso de los presuntos vuelos de la CIA para transportar prisioneros islamistas secuestrados ha aterrizado también en España. En realidad colea desde hace varios meses gracias a una primera denuncia ciudadana y a las informaciones publicadas por el Diario de Mallorca. El rocambolesco asunto terminará pasando a manos de la Audiencia Nacional una vez que se inhiban los tribunales de Baleares por entender que rebasa su jurisdicción. Al margen de las pertinentes diligencias jurídicas, el asunto exige una aclaración informativa en sede parlamentaria y una explicación política del Gobierno.

Es evidente que sería un error elevar a la categoría de certeza lo que por el momento son sospechas. Pero sería igualmente improcedente negarse a informar sobre las reiteradas escalas en aeropuertos españoles de aeronaves que presuntamente han sido utilizadas por la CIA para trasladar a presos islamistas. La matrícula de uno de esos aparatos coincide con la del avión que se utilizó en el secuestro de un ciudadano alemán que investiga la justicia de ese país. El ministro de Defensa, José Bono, trató de despejar ayer el asunto afirmando que no está dispuesto "a poner en la picota a un país amigo y aliado por meras suposiciones de las que no tenemos ninguna prueba, ningún indicio y ningún fundamento". Más comedidas fueron las palabras de su colega de Interior, José Antonio Alonso, quien declaró que si se confirmaran las informaciones, se trataría de hechos "gravísimos" y "no tolerables", y requerirían una respuesta de las autoridades de Washington.

El informe de la Guardia Civil que la fiscalía balear solicitó a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano habla de la presunta existencia de cuatro aviones utilizados por la CIA bajo la pantalla de compañías privadas, que habrían realizado 10 vuelos secretos con escala en el aeropuerto de Mallorca entre enero de 2004 y enero de 2005. Al menos otras cuatro escalas aparecen registradas en Tenerife y una más en Ibiza. Tres de esos aparatos pertenecerían a la misma empresa que el diario The New York Times implicó en mayo pasado en el tráfico clandestino de terroristas islamistas capturados. Uno de ellos, procedente de Argel, habría proseguido viaje un día después en dirección a Macedonia para recoger a un detenido de origen alemán y trasladarlo a una cárcel de Kabul sin control judicial. Este asunto está ahora en manos de la justicia alemana, como también lo están otros parecidos en Italia.

La CIA nunca ha reconocido oficialmente que esté envuelta en este tipo de acciones. Así se lo comunicó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando éste le pidió meses atrás que no utilizara el territorio español para el traslado de personas detenidas ilegalmente. Sin embargo, hay muchos cabos sueltos y no pocos puntos oscuros en esta historia. Más si cabe después de que hace dos semanas The Washington Post y la organización cívica Human Rights Watch denunciaran que la agencia de espionaje americana mantiene en detención ilegal y sujetos a tortura en cárceles clandestinas ubicadas en algunos países del este europeo a activistas de Al Qaeda en lo que sería, de ser cierto, una violación grave de los principios de la Unión Europea, de las legislaciones nacionales y de los derechos humanos.