Consensos

El debate sobre el Estado de las autonomías, celebrado la semana pasada en el Senado, parece haber enterrado definitivamente el proyecto estrella que Rodríguez Zapatero había programado estratégicamente para llenar de sentido su primera legislatura. Me refiero a su célebre agenda territorial destinada a refundar la "España plural" como si se tratase de una segunda transición, agenda que abarcaba tres puntos fundamentales: la instauración de la Conferencia de Presidentes autonómicos, la reforma del Senado como nueva Cámara de representación territorial y la redacción de nuevos estatutos de autonomía de orientación federal en Cataluña y el País Vasco, con la esperanza de resolver para siempre el conflicto del nacionalismo irredento.

Pues bien, en sólo dos meses, todo ese quijotesco proyecto se ha venido abajo como un castillo de naipes. El 10 de septiembre se cerró la II Conferencia de Presidentes con un evidente fracaso. El 30 de septiembre se aprobó en Barcelona un proyecto de nuevo Estatuto catalán que resultaba completamente inviable. Es verdad que hace dos semanas, el pasado 2 de noviembre, semejante proyecto fue aceptado a trámite por el Congreso de los Diputados. Pero la oposición ya advirtió de que no piensa cooperar en su reforma, por lo que sin su colaboración ese proyecto sólo podrá ser aprobado de acuerdo con el diseño confederal que conviene a los partidos catalanes, provocando el rechazo mayoritario del resto de españoles. Finalmente, este pasado 9 de noviembre, ante tantas adversidades, el presidente Zapatero ha acabado por tirar la toalla, renunciando públicamente desde la sede del Senado a seguir adelante con la reforma de la "España plural" que tanto ambicionaba.

Era de esperar, pues ese proyecto de refundación del Estado autonómico sólo debía salir adelante con el consentimiento de la oposición, que a este respecto tiene un legítimo poder de veto quizá no jurídico pero sí desde luego político. Y esto Zapatero no lo podía ignorar, a pesar de lo cual siguió adelante con su empeño sin tratar de negociarlo seriamente con Rajoy. ¿Por qué mantuvo vivo su proyecto a sabiendas de que no contaba con el plácet de la oposición? Se ha dicho que lo hizo por un cálculo maquiavélico, deseando descolocar al Partido Popular con la esperanza de obtener la mayoría absoluta en 2008. Pero, de ser así, se equivocó de medio a medio, pues le ha salido el tiro por la culata y ahora lo que peligra es su propia reelección, que a este paso cada vez resulta más problemática. También se ha dicho que su empecinamiento se debe a un sectarismo doctrinario que le lleva a oponerse dogmáticamente a la derecha conservadora. Pero esta obcecación no parece realista en un gobernante con una mayoría tan escasa, pues dada su patente debilidad, provocar a la oposición resulta casi suicida. De modo que para entender su insistencia lo mejor es atribuirla a una fe ciega en las virtudes mágicas del diálogo político.

El presidente Zapatero se muestra devoto creyente en la habermasiana democracia deliberativa, de cuyo debate público espera que emerja el consenso por generación espontánea. Así, bastaría con proclamar la voluntad de diálogo como quien dice "¡sésamo ábrete!" para que el benéfico consenso surgiese como maná caído del cielo. Pues bien, con el PP de Rajoy (y con la patronal eclesiástica de la enseñanza concertada), esa magia no ha funcionado. Y con el catalanismo de Mas y Carod tampoco, pues el proyecto de Estatut no es producto del consenso sino del chantaje y la imposición. Como ya constató Elster, la democracia deliberativa no funciona en las negociaciones asimétricas, donde el poder de cada parte está tasado y siempre se impone la decisión de quien pueda coaccionar la voluntad de los demás. Y esto ya debería saberlo Zapatero, a juzgar por cómo salió su negociación del proyecto de Estatut con Carod y Mas durante la última semana de septiembre. ¿Habrá aprendido algo nuestro presidente o tropezará de nuevo en la misma piedra por segunda vez, cuando tenga que renegociar con ellos la reforma definitiva del Estatut?