El Gobierno y los partidos catalanes negocian los puntos clave del Estatuto

La crucial negociación sobre la reforma del Estatuto de Cataluña ha comenzado. El Gobierno central ha remitido a las fuerzas del tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) y a CiU el informe que el PSOE encargó a cuatro expertos catedráticos sobre distintos aspectos del proyecto de reforma aprobado en el Parlamento autónomo. En él se aprecian numerosas cuestiones de dudosa constitucionalidad. El PSOE ha advertido a los cuatro partidos de que ese informe será la base de sus enmiendas en el Congreso, y les ha pedido que hagan las oportunas aportaciones.

CiU, ERC e ICV exigen un compromiso de futuro sobre traspasos de nuevas competencias

El Ejecutivo no cederá a las autonomías los impuestos que afecten a la unidad de mercado

Los primeros contactos entre los representantes designados por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para la negociación -el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba; el ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño- y los portavoces catalanes han explorado ya el método y el calendario de negociación.

El PSOE aún no ha definido su estrategia. Pero todo apunta a que presentará directamente las enmiendas de modificación del Estatuto, al contrario que en la reforma de 1979, en que al no existir un Reglamento en el Congreso empezó por presentar los criterios de modificación. El PSOE pretende llegar a febrero, cuando arranquen los trabajos de la Comisión Constitucional del Congreso, con todas las enmiendas pactadas con los partidos catalanes.

Para ello, el Gobierno abordará esta misma semana la negociación sobre la futura financiación de Cataluña, el apartado que todas las partes consideran más complicado de acordar. Las fuentes socialistas consultadas se inclinan así por comenzar la negociación por la "parte más difícil".

Las primeras reuniones se celebrarán con el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que tratará en los próximos días sobre la alternativa del Gobierno con el socialista Antoni Castells -consejero de Economía de la Generalitat-, con Joan Saura (ICV) y con Joan Puigcercós (ERC).

Pérez Rubalcaba ha prometido a los interlocutores catalanes que el ministro de Economía y Hacienda tendrá ya elaborada una propuesta de financiación.

Las líneas políticas generales del nuevo sistema de financiación las dieron a conocer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el propio Pérez Rubalcaba el pasado 2 de noviembre, en el debate sobre la admisión a trámite en el Congreso del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña.

Zapatero adelantó que las disposiciones sobre financiación contenidas en el Estatuto que aprueben las Cortes serán conciliables con el artículo 157,3 de la Constitución sobre la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). Precisó que se mantendrá en el sistema fiscal un "tronco común" en toda España y que las autonomías podrán disponer de "más responsabilidad y más capacidad de decisión" sobre los impuestos pagados por sus ciudadanos, tanto en el terreno normativo como en el de la Administración tributaria. Tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas, además de compartir algunos impuestos, tendrán impuestos propios.

El Gobierno central se reserva aquellos que afecten a la unidad de mercado, con capacidad normativa y un sistema propio de recaudación. Concretamente, el Gobierno central no cederá el Impuesto de Sociedades, en contra de lo que pretende la propuesta catalana. La propuesta plantea ampliar el tramo de IRPF cedido a las comunidades y más capacidad normativa sobre otros tributos. Los partidos catalanes defienden la recaudación de todos los impuestos en Cataluña y plantearán resistencia a renunciar a esa reivindicación.

El PSOE pretende que los grupos catalanes eliminen del proyecto de nuevo Estatuto las disposiciones adicionales sobre traspaso de competencias a través del artículo 150.2 y la reforma de leyes orgánicas. También pretende modificar la "excesiva bilateralidad" con la que el proyecto enviado por el Parlamento catalán reclama situar las relaciones entre la Generalitat y el Estado.

Tanto CiU, ERC e ICV sostienen que los socialistas están muy empeñados en la eliminación del proyecto de Estatuto de las disposiciones adicionales sobre traspaso de competencias a través del artículo 150,2 y la reforma de las leyes orgánicas. Pero antes de renunciar, quieren un compromiso claro de que el Gobierno va a realizar estos traspasos y reformar las leyes, señalan fuentes de los partidos catalanes.

ERC se niega a que la reforma de las leyes orgánicas proceda de una propuesta del Parlamento catalán, sino que quiere que el Gobierno tome la iniciativa. Así tendrá más capacidad de presión, pues la propuesta del Parlamento autónomo, según argumenta, puede ser rechazada en el Congreso en cualquier momento.

Los partidos catalanes quieren que todo ello se tramite en paralelo a la reforma del Estatuto. Esta decisión ya la había tomado el Gobierno central con anticipación. Zapatero, el 7 de noviembre, en el debate sobre el Estado de las autonomías celebrado en el Senado, avanzó, por ejemplo, que en enero se constituirá la comisión que, dependiente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, estudiará la reforma del modelo de financiación autonómica. También tiene previsto tramitar en las Cortes, de modo paralelo, leyes orgánicas, como la de la Justicia.

En cuanto a los asuntos competenciales, Zapatero se comprometió en el Senado, y de acuerdo con el programa del PSOE, a una ampliación de competencias para las autonomías, como inmigración y nuevas tecnologías, y una mayor participación autonómica en puertos y aeropuertos, y abrió la puerta a la participación de las autonomías en los consejos de instituciones estatales.