El PP centra en los costes económicos su segundo ataque al proyecto catalán

Concluida, sin éxito, la batalla para que el Congreso de los Diputados rechazase la admisión a trámite del proyecto de nuevo Estatuto catalán por ser "rotundamente inconstitucional", el PP centra su segundo ataque al texto en los costes económicos que tendrá para Cataluña y para España. Tras los costes económicos, detallará su impacto negativo en la cultura y la educación en Cataluña. Todo ello para mantener vivo un debate del que quedará esquinado mientras el PSOE negocia con los partidos catalanes "cómo maquillar el Estatuto".

Los perjuicios económicos que, según el PP, tendrá para Cataluña el nuevo Estatuto obedecen, sobre todo, a la ruptura de la unidad de mercado, que perjudicará "más a las empresas catalanas por la mayor concentración de industrias transformadoras en esa comunidad autónoma", al "inusitado intervencionismo" del proyecto, cuando "Cataluña siempre ha sacado sobresaliente en apertura comercial", y a "la diferenciación de los sistemas tributarios, de normativa industrial y de marcas", que llevará a "desviación de inversiones y a deslocalizaciones" de empresas.

Estas críticas están detalladas en un argumentario (un documento interno) que fue avanzado ayer por Europa Press. El PP está preparando documentos equivalentes sobre el impacto del Estatuto en sectores como la cultura y la educación. Su objetivo es que sirvan de base para la movilización que prepara contra este proyecto. Este viernes, Mariano Rajoy, su líder, dará en Salou (Tarragona) una conferencia sobre el coste económico del texto. El sábado participará en Sevilla, junto con Javier Arenas y Josep Piqué, en un mitin para destacar que Andalucía será la autonomía más perjudicada por un sistema de financiación preferente para Cataluña. Y el sábado siguiente, día 26, todo el PP se volcará en un gran mitin en el Palacio de Deportes de Madrid con el mismo propósito. Así, mientras el PSOE y los partidos catalanes que aprobaron el proyecto negocian sus cambios "en secreto", el PP intentará mantener en la calle su censura global al texto.

El argumentario del PP resume en seis folios los principales motivos por los que la economía catalana se verá perjudicada. Dedica un capítulo especial a los artículos que "distorsionan la unidad de mercado", sean o no inconstitucionales. Como "ejemplos", detalla los siguientes:

- Artículo 34. Obliga al personal de los establecimientos a hablar catalán. Esa "exigencia limita la circulación de trabajadores en el territorio nacional".

- Artículo 50.4. Según el argumentario del PP, "favorece que el etiquetado, embalaje e instrucciones de uso de los productos distribuidos en Cataluña consten al menos en catalán". Eso, dice, eleva los costes para vender allí.

- Artículo 126. Fija la competencia "exclusiva o compartida de la Generalitat en materia de crédito, banca, seguros y mutualidades". Esto, afirma el PP, "implicaría normas bancarias diferentes o más restrictivas".

- Artículo 126. Determina, según el PP, "la competencia exclusiva en industria, especialmente en procesos industriales y seguridad, incluyendo automóviles y su homologación".

- Artículo 133. "Establece competencia compartida en energía". Esto, según el PP, "implicaría regulaciones específicas para Red Eléctrica, Enagás y la petrolera CHL en Cataluña".

- Artículo 140. Da a la Generalitat "competencia exclusiva en planificación y gestión de las infraestructuras de carreteras y ferroviaria". Eso significa, según el PP, que las empresas constructoras "se verán obligadas a aplicar normas diferentes en Cataluña que en el resto del territorio".

El argumentario del PP destaca a continuación que también rompe la unidad de mercado que "la Generalitat promueva la creación de un espacio catalán de relaciones laborales"; que pretenda asumir las "políticas pasivas" de la Seguridad Social, y que anuncie que hará su propio "desarrollo normativo de la negociación colectiva". El PP admite que el proyecto de Estatuto "formalmente no rompe la caja única de la Seguridad Social", pero mantiene que sí lo hace de hecho porque "la Generalitat asume la competencia compartida de prácticamente todo el sistema".

Con estos elementos, el PP concluye: "La presentación de un estatuto tan rupturista, tan asimétrico y tan bilateralista está produciendo un exceso de reacciones viscerales que no benefician a nadie y menos aún a la economía catalana". Para paliarlos, Rajoy visitó las empresas de cava y defiende públicamente el consumo de productos catalanes. Esa defensa le llevó incluso, hace una semana, a sumarse al senador de Uniò Jordi Casas para cantar en una cena de parlamentarios del PP la habanera Visca Catalunya, visca el català.