Derecho a la educación

Esta semana que acabamos de dejar ha sido especialmente intensa en cuanto a noticias referidas a la educación. La última fue la manifestación de antes de ayer en Madrid convocada para salvaguardar la que algunos dicen amenazada libertad de elección de centro. Tres días antes la noticia estaba en la presentación de los resultados de un estudio promovido por la Fundació Jaume Bofill sobre los datos para Cataluña del informe PISA 2003, en el que se ponía de relieve el fuerte impacto de las desigualdades socioeconómicas en los resultados y las expectativas formativas de nuestros jóvenes. Al día siguiente, es decir el jueves, la noticia era otro informe, en este caso de la Comisión Europea, en el que se evidenciaba el peso excesivo de los malos resultados de nuestros alumnos al finalizar el periodo de la educación obligatoria, es decir, la cantidad de alumnos con fracaso escolar, en comparación con los resultados obtenidos en el resto de los países de nuestro entorno.

No seré yo quien niegue el derecho a la elección de centro. Es una realidad difícilmente contestable en un contexto como el catalán, en el que la iniciativa social en materia educativa ha sido y sigue siendo muy importante y está profundamente arraigada. Pero es necesario puntualizar dos aspectos. El primero y más importane es que la elección de centro no es ni puede considerarse un derecho absoluto ni de primera generación. Antes debemos considerar y garantizar el derecho a la educación, que a mi modo de ver es mucho más que el derecho a la escolarización. Para entendernos, la escolarización es una condición necesaria para que el derecho a la educación se pueda cumplir pero no es una condición suficiente, como los resultados del estudio de la Fundació Jaume Bofill y de la Comisión Europea ponen en evidencia.

Nadie puede dudar que el derecho a la escolarización es en nuestro país una realidad, con contadísimas excepciones como consecuencias de problemas de marginación y exclusión social extremas. Pero creo que difícilmente alguien podrá mantener que el derecho a la educación se cumple satisfactoriamente en nuestro país. La complejidad de garantizar un derecho a partir de los resultados obtenidos es evidente, pero cuando una tercera parte de los destinatarios del derecho a la educación no obtiene los resultados mínimos esperados y cuando la realidad se nos presenta tan poco equitativa, es decir, cuando factores sociales tienen un peso tan fuerte que claramente llegan a condicionar los resultados y a predestinar en gran medida la consecución de los objectivos que dan sentido al derecho a la educación, habrá que aceptar que es el ejercicio del propio derecho el que está gravemente amenazado.

La eficacia del sistema educativo está abiertamente cuestionada. Para corregir e incrementar la misma no se trata de imponer dirigismos ni controles burocráticos absurdos desde las administraciones educativas. Pero es evidente que hay que plantear criterios de corrección, tanto en la planificación de las necesidades de escolarización de la población como en la garantía que la existencia de una red de titularidad privada no acaba convirtiéndose consciente o inconscientemente en la expresión de una dualización del sistema educativo, en el que los mejores situados de la población en cuanto a posición socioeconómica se refiere se refugian en estos centros, marcando aún más la diferencia social con el resto de familias menos pudientes, que sólo encuentran acceso en las escuelas de titularidades públicas. Es evidente, para que nadie saque conclusiones falsas de esta última afirmación, que hay centros de todas características tanto en la red de escuelas públicas como en la red de escuelas privadas o de iniciativa social. Y que tenemos escuelas públicas con un perfil ciertamente elitista (y en Barcelona hay ejemplos) y escuelas de titularidad privada con un componente esencialmente de servicio público, no discriminatorio e integrador.

Es decir, en este debate hay que acabar con los falsos tópicos de lo público y lo privado. Pero también hay que corregir determinadas realidades que los resultados objetivos corroboran: con todas las excepcions que queramos, que seguro que son muchas, hoy se da un proceso de selección -natural o inducida- en el ingreso de los chicos y chicas en las escuelas en función de su titularidad. Y también se dá, y estudios que están a punto de ver la luz lo ponen en evidencia, una gran diferenciación en cuanto a resultados se refiere en función de la titularidad de los centros. Es decir, el riesgo de dualización de nuestro sistema educativo no es una hipótesis de trabajo, es una constatación empírica. Y ante ella podemos mirar hacia otro extremo o intentar abordar el reto. Mejorar la calidad y garantizar una mayor equidad. Éste es el contenido básico del derecho a la educación. Y en este contexto la libertad de elección de centro hay que mantenerlo, pero la libertad tienen que ser para todos, no sólo para aquellos que la pueden pagar. La peor defensa de la libertad de elección que se puede hacer es la que oí el sábado pasado en el informativo de las 19.00 horas de la Cadena Ser. La presidenta de una de las organizaciones convocantes de la manifestación de Madrid, de cuyo nombre no me quiero acordar, decía en los micrófonos de la emisora - y la cita es casi textual- que "de la misma manera que sería inaceptable que en una calle donde hay una carnicería el Gobierno abriera otra enfrente de ella porque eso sería competencia desleal, tampoco es de recibo que algo similar ocurra con las escuelas". Lamentable, aunque detrás de la manifestación hubiera 500.000 personas.