Balance del debate

Era inevitable que la candente cuestión catalana se proyectara sobre el debate del Estado de las Autonomías celebrado durante tres días en el Senado. Ese asunto ha polarizado las posiciones de los representantes de las comunidades autónomas de acuerdo con el eje ideológico que separa al PP del PSOE. Justo lo contrario de lo que se espera de un Senado autonómico: que no reproduzca las alineaciones del Congreso, sino abra nuevas líneas de acuerdo o desacuerdo en función de intereses territoriales. En ese sentido, el debate ha puesto de relieve las dificultades del proyecto reformista del Gobierno. Tanto que Zapatero casi anunció el aplazamiento de la reforma del Senado, ante la imposibilidad de contar con el PP.

El PP considera innecesarias las reformas territoriales, pero casi todas las autonomías, incluyendo varias gobernadas por ese partido, han iniciado la modificación de sus estatutos. Su crítica a la actitud de Zapatero respecto al Estatuto tiene una contradicción básica: que si se aplicasen sus propias soluciones (devolución sin más o tramitación como reforma constitucional)no se solucionaría, sino se agravaría el problema planteado por una reforma que suscita dudas de inconstitucionalidad y llega avalada por el 90% del Parlamento catalán. La alternativa es un acuerdo global con el PSOE, pero ese acuerdo no podría prescindir del dato de que en el Parlamento de Cataluña hay desde hace 21 años mayoría nacionalista (sumando CiU y ERC). Por tanto, lo razonable es buscar el pacto y no la ruptura. Pero el PP parece encontrarse más cómodo en la denuncia. Ése es el punto débil de su posición.

El punto débil de Zapatero es que en estos asuntos parece ir a remolque de lo que se plantea aquí o allá, sin un diseño claro del modelo resultante. Forzado a definirse, estos días ha ofrecido un catálogo de posibles nuevas competencias asumibles por todas las comunidades: en materia de justicia, inmigración, mercado laboral, aeropuertos, etcétera. Pero no todos los Gobiernos autónomos -y mucho menos los ciudadanos- consideran acuciante disponer de esas facultades. Falta un debate sobre las ventajas reales de la ampliación competencial, sin que baste el criterio de generalizar las reclamaciones de determinadas autonomías.

Aunque difieran en muchas cosas sobre el proyecto catalán, PP y PSOE coinciden en el rechazo de los elementos confederales del mismo y en que de la definición identitaria de Cataluña, sea la que sea, no debe derivarse un sistema singular de financiación o discriminaciones en materia de derechos. Si los riesgos para la unidad constitucional de España son tan graves como dice Rajoy, razón de más para colaborar en la búsqueda de un pacto que recoja esos principios, aprovechando la reiterada voluntad de los promotores del Estatuto de no salirse de la Constitución.

Puede ayudar a relativizar las divergencias el recuerdo de que hace 11 años el PP, y especialmente Aznar, propugnaba, frente a la reticencia de los socialistas, una reforma del Senado en términos similares a los que ahora plantea Zapatero.