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Algo no funciona en los proyectos de investigación

La reciente resolución de la convocatoria de proyectos de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha provocado malestar en un gran número de grupos científicos. Ha habido sorpresas en cuáles han sido los proyectos aprobados y no aprobados y reducciones masivas de presupuestos. Preocupa además la aparente falta de coherencia entre las decisiones de las distintas ponencias, por ejemplo en lo que respecta a la aprobación de proyectos de jóvenes investigadores. Según la comisión que fuera estos proyectos han sido financiados o no, o se han reducido de forma brutal y en la mayor parte de los casos se han concedido sin personal. Los proyectos financiados por el MEC son uno de los elementos esenciales de nuestro sistema de I+D. Ninguna acción dinamizadora de la ciencia española puede tener credibilidad si no actúa sobre el sistema de proyectos de manera que tenga una financiación suficiente y que esté basado en el rigor y la transparencia y produzca decisiones de la mejor calidad posible.

Las declaraciones políticas, tanto en España como en Europa, parecen poner la investigación entre las actuales prioridades y los investigadores se felicitan por ello. En diversos países, en los presupuestos aparecen cifras que deberían de demostrar que se invierte en investigación. Sin embargo en nuestro país los anunciados aumentos no están llegando a los laboratorios. A muchos no les importaría que los presupuestos que se dedican a financiar industrias con la excusa de investigación, incluso la militar, figuraran como I+D si los presupuestos para financiar realmente la investigación aumentaran de forma comparable, pero no es así. Los fondos destinados a la financiación de proyectos no están creciendo de forma comparable a la demanda y por ello la proporción de los aprobados está disminuyendo y la financiación por proyecto está por debajo de la necesaria para sacar adelante lo propuesto. Esto tiene como consecuencia que muchos grupos estén siendo expulsados del sistema de investigación y que el investigador, incluso el investigador joven, tenga que dedicar una buena parte de su tiempo a buscar dinero y personal en detrimento de su actividad investigadora.

La experiencia de los últimos años es que, cuando se les da la oportunidad, los profesionales de la ciencia responden de forma eficaz. Basta para ello observar la creciente presencia de artículos en las revistas internacionales, el número de jóvenes científicos formados que trabajan en laboratorios de nuestro país, en el extranjero y en empresas. Se ha creado una cultura, no muy extendida por Europa, de que el investigador tiene que buscarse la financiación y de que hasta una parte de su sueldo dependa del éxito que tenga en su trabajo. En la inmensa mayoría de los laboratorios la única posibilidad de tener financiación es buscársela en alguno de los fondos públicos o en contratos con empresas. Esta cultura necesita en contrapartida de un sistema de gestión de los proyectos rigurosa. Hasta ahora la gestión de los fondos públicos ha estado basada en la evaluación por pares y se ha llevado a cabo de forma voluntarista con pocos medios por parte de investigadores en activo. Esta situación se ha prolongado demasiado tiempo y, en cualquier caso, no es apropiada para tiempos como los actuales, en que se gestionan recursos limitados y, por tanto, el sistema es muy competitivo. Esto hace que en cada convocatoria haya discrepancias entre comisiones y que, demasiado a menudo, la única forma posible de entender las decisiones sea observar la composición de una ponencia o la filiación del gestor.

El momento debería de ser, sin embargo, apropiado para dar un nuevo impulso a la investigación española. Hay un excelente número de gente joven formada que ha vuelto o puede volver; hay iniciativas de centros de investigación que demuestran que la investigación puede gestionarse de distintas formas; las comunidades autónomas están interviniendo en esta cuestión y hay, sobre todo, la promesa de un aumento continuado de recursos. Es en esta situación en la que este aumento se debería dejar sentir también en el centro de nuestro sistema de I+D, que es el de la financiación de proyectos.

Es también el momento de emprender reformas que consoliden el sistema, que todavía está basado en la Ley de la Ciencia de 1985 que, por otra parte, ha sido aplicada de forma incompleta. Quizá se podría abrir el abanico de los proyectos diferenciando los dirigidos a investigadores jóvenes de los dirigidos a confirmados y a los grupos más activos. Quizá podría diferenciarse la financiación basal de los grupos de una más generosa para proyectos prioritarios. Y quizá se podría recordar que en el programa electoral del PSOE se proponía la creación de una agencia que gestionara la investigación pública, que podría ser la ocasión de replantearse el sistema de gestión de los proyectos. Con la Ley de Agencias en el Parlamento podría ser el momento de plantearse el cumplimiento de esta promesa electoral y mandar un mensaje de que los poderes públicos van más allá de las declaraciones y que están dispuestos a apostar por nuestro sistema de I+D. Los investigadores necesitan un mensaje de generosidad, seriedad y coherencia.

Pere Puigdomènech es investigador del Laboratorio de Genética Molecular Vegetal CSIC-IRTA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 08 de noviembre de 2005.

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