Reportaje:

Tácticas para reducir las listas de espera

Andalucía y Castilla-La Mancha aplican medidas para limitar el tiempo de demora

La atención primaria es la clave de las listas de espera. Desde este nivel asistencial, más de 20 millones de españoles acuden por primera vez al especialista, y de ellos 12 millones requieren alguna prueba diagnóstica. Estas cifras no incluyen las segundas visitas ni las nuevas pruebas complementarias. Esta desorbitada demanda, la descoordinación entre médicos de familia y especialistas, y otras carencias antiguas, como el descontrol en la agenda profesional de los facultativos, han situado al Sistema Nacional de Salud en una encrucijada conflictiva: la percepción de la calidad profesional y técnica es buena, pero el excesivo tiempo de espera sigue siendo el principal motivo de queja de los usuarios.

Algunas áreas de primaria han reducido un 35% las derivaciones al especialista

Hasta ahora, ninguna comunidad autónoma ha dado con la fórmula para acabar con las listas de espera, aunque algunas han avanzado más que otras. Castilla-La Mancha y Andalucía, por ejemplo, disponen, desde hace dos años, de leyes y decretos que garantizan unos plazos máximos de espera, tanto para las citas con los especialistas (15 días en el caso manchego y 60 en Andalucía) como para hacerse una prueba diagnóstica (7 y 30 días, respectivamente).

Otras comunidades, como Cataluña y Navarra, han establecido medidas especiales en algunas patologías y prioridades para las demandas más urgentes, y Madrid ha creado una comisión para que "a partir de un registro único, podamos abordar las listas de espera diagnóstica con garantías antes de que acabe esta legislatura", según su Consejería de Salud. El Ministerio de Sanidad, por su parte, está trabajando "para reunir una base de datos de toda España que permita acometer, con un programa común, la reducción de las listas de espera diagnóstica".

Pero, en general, a las autonomías les cuesta comprometerse a acortar los tiempos de espera. Sólo Castilla-La Mancha y Andalucía están obligadas por ley. En ambos casos, si se sobrepasan los plazos, los respectivos gobiernos deberán abonar las consultas realizadas en centros privados.

En Andalucía, el Decreto de Garantía de Plazos entró en vigor el 30 de marzo de 2004. En él le daba un año de plazo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para adoptar las medidas correctoras, entre otras, evitar que 86.047 usuarios con esperas superiores a dos meses tuvieran que acudir a la sanidad privada. Un año después el objetivo estaba cumplido: del total de consultas solicitadas al SAS en 2004, más de 9,5 millones, sólo el 4,8% tuvo lugar en la sanidad privada. Hoy, un registro único oficial y público garantiza al usuario los plazos que la sanidad andaluza promete.

Con "el reloj puesto a cero", el SAS anunció que ningún andaluz iba a esperar más de un mes para una prueba diagnóstica, ni más de dos para acudir a una cita con el especialista, a no ser que la cita fuese para una revisión o solicitada por otro especialista. El citado decreto garantiza estos plazos para 20 especialidades y más de 300 pruebas diagnósticas. "Con el Decreto de Garantía asumimos el compromiso de acabar con las listas de espera y el atasco que éstas generan en el paso de la atención primaria a la especializada. Porque ya nadie duda de que la calidad de un sistema sanitario se mide por la facilidad en el acceso que el usuario tiene a sus médicos", explica Joaquín Carmona, director general de Asistencia Sanitaria del SAS. Y añade: "Está claro que los recursos sanitarios públicos son de todos y la obligación del gestor es conseguir que médicos y usuarios hagan el mejor uso de ellos".

En el terreno de la mejor utilización de los recursos es donde se ha librado la batalla más dura en el último año. Las reuniones entre los dos niveles asistenciales eran diarias. "Pero ha merecido la pena. En primaria hemos aumentado nuestra capacidad de resolución y participamos más en la gestión del enfermo. Podría decirse que estamos contribuyendo a crear una nueva cultura sanitaria y a que nuestra actividad asistencial se una definitivamente a la del especialista", asegura José María Páez, médico de familia.

En Andalucía, poner a 8.000 médicos de familia y a 5.000 especialistas de acuerdo no ha sido fácil. "Porque lo que se propone es un cambio de mentalidad y de método de trabajo. Hoy ya no puede gestionarse la medicina como compartimentos estancos, en el que cada profesional es autónomo", explica Remedios Martínez, directora regional en la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS. Y añade: "Hemos discutido cada nuevo concepto de este proyecto, cada palabra; qué se le pedía a los médicos de familia y qué a los especialistas. Tuvimos que aclarar con ellos las competencias que correspondían a cada nivel asistencial para que nadie pensase que había intromisiones ajenas ni usurpación de funciones".

Siete meses más tarde de la entrada en vigor del decreto, el 45% de los profesionales médicos están directamente implicados, el 30% más lo acepta y trabaja de acuerdo con él, y sólo el 25% es reticente o lo niega. En algunos distritos de atención primaria se ha reducido la derivación de pacientes al especialista el 35%; y entre las más de 5.000 agendas sujetas al decreto de Garantía de Plazos, han aflorado varias agendas ocultas de médicos que apenas veían a cuatro o cinco pacientes al día. La consecuencia ha sido que la productividad ha aumentado en el último año el 18% en pruebas diagnósticas y el 5% en consultas especializadas. Y eso que coordinar 32 hospitales públicos con la actividad que generan 1.500 centros de salud no resulta fácil. En total, la comunidad andaluza, con 7,3 millones de habitantes, genera al mes 240.000 citas para el especialista y 150.000 solicitudes de pruebas diagnósticas.

Los médicos de familia dejan de ser instrumentos que sólo sirven para canalizar la demanda, y pasan a participar en el proceso terapéutico. Ahora forman parte de las comisiones de evaluación e intervienen en la armonización de la demanda y la oferta. "Nuestros médicos de primaria, a los que hemos dotado de más recursos, tienen ahora más competencias en el seguimiento de los enfermos, evitando, en muchos casos, las citas", explica Martínez. La consecuencia inmediata ha sido que el paciente está mejor atendido: el especialista puede dedicarle más tiempo.

En Andalucía, como en Castilla-La Mancha, el círculo vicioso que hasta ahora generaban las listas de espera diagnósticas se quiebra por fin. Tanto el SAS como el SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) disponen de una red de información centralizada que permite controlar en todo momento las agendas de los médicos. "El Registro Único que tenemos lo actualizamos cada día y eso nos permite programar, de acuerdo con la demanda, la actividad. Lo más importante, quizá, es que estamos obligados por ley a ser transparentes y a informar en el Parlamento", afirma Javier Gil, responsable de Atención Especializada en el SESCAM.

Sala de espera del hospital Puerta de Mar de Cádiz.
Sala de espera del hospital Puerta de Mar de Cádiz.EDUARDO RUIZ

El modelo manchego

Para los 1.836.000 habitantes de Castilla-La Mancha, las pruebas diagnósticas y las citas con el especialista ya no son motivo de preocupación. El decreto publicado en enero de 2005, que incorpora un nuevo desarrollo de la Ley 18/2002, establece que ningún habitante de la comunidad deberá esperar más de siete días para que le hagan una radiografía por ejemplo, ni más de 15 para que le vea el especialista por primera vez.

Como en Andalucía, un sistema informático único permite controlar diariamente las agendas de los 2.497 especialistas a las que tienen acceso a su vez los 2.263 médicos de primaria. Aquí empieza el recorrido del paciente, que sale ya de la consulta con un volante en el que figura su cita hospitalaria. El tiempo corre a partir de entonces, y si los plazos fijados se sobrepasan, tras la correspondiente certificación de que esto es así, el usuario podrá acudir, por cuenta de la Administración, a un centro privado. En Castilla-La Mancha, el volumen de primeras consultas asciende cada año a 950.000, con más de 476.000 pruebas diagnósticas. "Es cierto que no llegamos a los dos millones de habitantes, pero el método, supongo, sirve para todos. Y aunque éste puede ser el camino, no es la solución definitiva. Lo ideal sería no tener que legislar para controlar las listas de espera", afirma Javier San Gil, responsable de Atención Especializada.

Problema europeo común

A los 5,2 millones de finlandeses, el Estado les garantiza una cita de atención primaria en tres días y de especializada en 15; los datos aparecen en una lista de espera, aunque no existe ningún decreto que garantice los plazos. En Suecia, con 9 millones de habitantes, hay un registro nacional para quienes desean acudir al médico; el Estado garantiza la cita en 90 días para 12 procesos terapéuticos. Lo mismo ocurre en Dinamarca (5,5 millones de habitantes), donde el plazo es también de 90 días, pero la garantía se reduce a un par de patologías, que varían con la demanda; las listas de espera también son públicas.

En Irlanda y Reino Unido existe un plan de choque (Waiting List Initiative) que garantiza la atención especializada en 12 meses a los adultos y en 6 a los niños, aunque hay prioridades y se tiene en cuenta la situación de los enfermos. En ambos países los datos son públicos. Italia sólo da prioridad a las intervenciones cardiacas y Holanda cuenta con un plan de choque general; también promueve políticas integradoras a medio y largo plazo para la asistencia especializada. Alemania sólo desarrolla políticas a largo plazo.

En países como Australia, Canadá o Nueva Zelanda la atención especializada da prioridad a ciertas patologías y pacientes y sólo se elaboran planes de choque en circunstancias especiales.

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