Ajuste a cámara lenta

El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para aplicar el Plan del Carbón 2006-2012 pone fin a las algaradas callejeras, que casi forman parte del paisaje socioeconómico cuando se ponen sobre la mesa nuevos recortes en la producción carbonera. Los cortes de carreteras, la interrupción de las vías de ferrocarril y las manifestaciones que acaban en enfrentamientos con las fuerzas del orden son los instrumentos que han utilizado los sindicatos para forzar la negociación con el Gobierno. El acuerdo implica, en resumen, que los sindicatos han conseguido mantener las fronteras legales de la prejubilación en los 52 años (según los coeficientes correctores en función de la peligrosidad), mientras que el Gobierno ha ganado el pulso en el ámbito de la producción -caerá de 12 millones de toneladas a 9,2 millones en la fecha final del plan, 2012-; el empleo descenderá de los 8.600 trabajadores de la actualidad a 5.800. Se trata, pues, de un ajuste de producción y empleo que dice mucho sobre las muy escasas expectativas de la minería del carbón en España.

El acuerdo confirma que la línea económica general que está aplicando este Gobierno, como la que aplicaron los anteriores, es la reducción paulatina de la producción del carbón, debido a su más que evidente condición de actividad antieconómica e intensamente subvencionada. La curva descendente de la producción y empleo de carbón puede apoyarse en cifras incontestables. En 1981 trabajaban en la minería carbonera algo más de 51.000 trabajadores; en 1996 quedaban algo más de 24.500 mineros; hoy, después de un plan aprobado por el primer Gobierno de Aznar que pretendía reducir el empleo a unos 17.000, siguen trabajando 8.700. Puede apreciarse que existe una línea inequívoca de reducción de empleo y de producción, y que la realidad supera ampliamente las cuotas de reducción de empleo acotadas en los planes oficiales, como puede apreciarse en la diferencia entre el empleo previsto y el real del plan pactado por el Gobierno del PP. Las prejubilaciones ventajosas actúan como un poderoso imán para los trabajadores.

El tratamiento económico es el adecuado: menos producción, menos empleo y un programa de generosas prejubilaciones e inversiones sustitutivas para mitigar los efectos de la desaparición de la producción carbonera. Puede discutirse el ritmo, es decir, si sería deseable un coste social menor y una disminución más rápida de la producción y el empleo. Pero es la cadencia que marcan el carácter antieconómico de las explotaciones, por un lado, y la rentabilidad social, por otro. La paciencia es el criterio principal en esta prolongada reconversión.