PSOE y PP pactan enmiendas para encajar el Estatuto valenciano en la Constitución

PSOE y PP acordaron ayer presentar 14 enmiendas parciales a la reforma del Estatuto valenciano, que en las próximas semanas se discutirá en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El acuerdo incluye dos enmiendas para evitar que la reforma valenciana desborde los límites de la Constitución en cuestiones tan sensibles como las competencias en materia de justicia y la recuperación del derecho foral. El acuerdo fue presentado por los ponentes valencianos para evitar que fuese interpretado como una imposición de las direcciones de sus partidos.

El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, y el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, fueron los encargados ayer de anunciar que las enmiendas al Estatuto valenciano serán pocas y no afectarán a elementos sustanciales del texto.

De las 14 modificaciones consensuadas, que cada grupo parlamentario presentará con igual redacción pero por separado, sólo tres tienen a priori calado político. Dos de ellas afectan al marco constitucional y la tercera al mecanismo previsto para otras reformas futuras.

Así, populares y socialistas cambiarán la redacción de la disposición adicional tercera, que basa la recuperación de la normativa foral del antiguo Reino de Valencia en la disposición adicional primera de la Constitución, que se refiere sin mencionarlos a los territorios del País Vasco y Navarra. La enmienda que hoy se presentará en el Congreso elimina esta referencia a la disposición adicional primera de la Constitución y recalca que la recuperación del derecho foral valenciano se realizará "al amparo de la Constitución española".

Creación de juzgados

La otra modificación de calado esta relacionada con las competencias en materia de justicia. En la reforma presentada al Congreso, la Generalitat Valenciana, previa audiencia al Consejo General del Poder Judicial, asumía la competencia para crear juzgados y secciones de tribunales. Tras la enmienda pactada entre el PSOE y el PP, la Generalitat participará con el Consejo General del Poder Judicial en la creación de juzgados y secciones de tribunales.

El popular Serafín Castellano expresó su convencimiento de que la reforma del Estatuto valenciano no sobrepasa ningún límite constitucional, ya que no pretende reivindicar nuevas competencias en base a los derechos históricos o forales.

Respecto a la capacidad de la Generalitat para crear juzgados, tampoco observó que supere límites constitucionales. Castellano reconoció que con estas dos enmiendas se intenta que la actual reforma del Estatuto valenciano no sirva de excusa a la propuesta del Parlamento catalán para desbordar los límites de la Constitución.

En Valencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, argumentó que el "problema de la creación de juzgados es un problema de legalidad ordinaria, no de Constitución".

"Se trata de una facultad que por ley se le confiere al Ministerio de Justicia y no veo tan difícil que pudiera concederse esa facultad a la comunidad autónoma", sentenció el presidente del TSJ de la Comunidad Valenciana.

Además de estas modificaciones, los dos partidos acordaron enmendar el mecanismo previsto para futuras reformas estatutarias, que obligaba a la Generalitat a convocar un referéndum cada vez que asumiese una nueva competencia. Con la enmienda acordada, será la Generalitat la que tendrá la potestad de convocar o no la consulta popular cuando se trate sólo de la asunción de alguna nueva competencia.

El secretario de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, instó ayer al PP a trasladar el consenso sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana a otras reformas y lamentó la negativa de los populares a debatir sobre otras iniciativas como la catalana.

Tanto Pla como Castellano indicaron que las enmiendas que sufrirá el Estatuto valenciano a su paso por el Congreso serán mínimas y no afectará a cuestiones sustanciales.

Para ambos políticos, la reforma permitirá equiparar la Comunidad Valenciana a las autonomías que accedieron por la vía del artículo 151 de la Constitución, con la capacidad plena de disolución de las Cortes Valencianas por parte del presidente de la Generalitat; el reconocimiento como nacionalidad histórica y la introducción del referéndum en futuras modificaciones estatutarias.

Por su parte, la coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, cuyo grupo votó en contra de la propuesta de reforma en las Cortes Valencianas, afirmó que populares y socialistas "pueden degradar todavía más el Estatuto con la excusa de los límites constitucionales y el trasfondo del Estatuto catalán".

Marcos criticó a los partidos mayoritarios por recortar competencias en materia de derecho foral y de justicia en vez de enmendar el Estatuto para lograr una mayor financiación autonómica.