Casi 500 empresas presentaron suspensión de pagos o quiebra durante el último lustro

Cerca de medio millar de empresas vascas han presentado procedimientos de suspensión de pagos o quiebra durante el último lustro, según recogen los últimos datos al respecto publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De los 449 casos de insolvencias empresariales registrados durante dicho periodo, 77 corresponden a los concursos de acreedores que se han tramitado en Euskadi desde el 1 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor de la nueva ley Concursal. Desde ese día, los concursos sustituyen a las suspensiones de pagos y quiebras.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de cerrar las última tablas de datos relativas a las empresas que se declararon en suspensión de pagos -existe cuando una compañía no puede cubrir las deudas que tiene contraídas en sus fechas de vencimiento por falta de liquidez- y en quiebra -situación de una empresa a la que le resulta imposible hacer frente al pago de sus obligaciones-. Durante los ocho primeros meses del año pasado, periodo inmediatamente anterior a la entrada en vigor del nuevo procedimiento legal, un total de 22 compañías vascas recurrieron a la primera fórmula, mientras que otras 67 se declararon en quiebra. Estos datos igualan los casos registrados durante todo el ejercicio de 2003 (23 y 60, respectivamente) y suponen aproximadamente el 10% de todos los procesos que se tramitan en España.

El País Vasco fue, entre enero y agosto de 2004, la cuarta comunidad con mayor número de suspensiones de pagos y quiebras presentadas, sólo por detrás de Cataluña, Valencia y Madrid. Las sociedades que llegaron a estas situaciones acumularon, en conjunto, un pasivo cifrado en 317 millones de euros.

La evolución registrada durante los últimos cinco años pone de manifiesto un fuerte repunte a partir del ejercicio de 2002, cuando las empresas que atravesaron dificultades se duplicaron. Si en 2000 y 2001 el promedio de suspensiones de pago y quiebras rondaba el medio centenar cada ejercicio, un año después se alcanzaron exactamente los cien casos. A partir de entonces, la cifra se estabilizó alrededor de la centena, aunque con una ligera reducción. En 2003 fueron 83 y el año pasado, los mencionados 89 antes del cambio legal.

Los expertos presagiaron un considerable incremento de solicitudes de suspensión de pagos y quiebra en los meses previos a la aprobación de la nueva ley Concursal "por temor a lo desconocido". Sin embargo, la tendencia se mantuvo invariable.

Temor a asumir el fracaso

Desde la entrada en vigor de la nueva legislación concursal, en Euskadi se han instruido un total de 77 concursos, que representan el 10,4% de los que se han contabilizado en el conjunto de España (736).

Los datos corresponden al Boletín del Registro de Economistas Forenses, dado que el INE no comenzará a realizar el recuento hasta el próximo mes de enero. Cataluña es la autonomía con el mayor número de procedimientos abiertos al amparo de la nueva legislación (171), seguida por Madrid (98 casos) y Euskadi.

A la vista de estos datos, se puede concluir que "el nuevo derecho concursal no ha influido en un aumento de las insolvencias declaradas", asegura Fernando Gómez Martín, auditor y censor jurado de cuentas.

A juicio de este especialista, la reforma concursal "no ha calado aún en la cultura empresarial, quizá por el estigma que conlleva la obligada publicidad judicial, quizá porque no está familiarizado con la nueva tramitación".

Gómez Martín sostiene que los casos contabilizados en España no se corresponden con los que se dan en otros países del entorno europeo. Así, por ejemplo, las declaraciones judiciales de insolvencia en 2000 fueron del orden de 35.000 en Alemania, 60.000 en Francia, 45.000 en el Reino Unido y 15.000 en Italia. "¿Qué pasa aquí? El empresario español tiene una especie de temor a reconocer el fracaso. Lo que en otros países es normal, aquí está muy mal visto. Por nuestra idiosincrasia, el mundo empresarial no concibe como natural el reconocimiento de que ha perdido las riendas de la gestión de su sociedad", dice.

Acudir a un concurso de acreedores significa, en opinión de Gómez Martín, "un ejercicio de responsabilidad empresarial". "Debe cambiar la cultura empresarial hasta lograr que se acepte el concurso como una herramienta de gestión empresarial, como cualquier otra medida que aconseje la técnica económica para reconvertir o encauzar una actividad en crisis", sostiene.