El Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y CiU

La educación se convirtió ayer, de nuevo, en punta de lanza política. En el debate de las enmiendas a la totalidad del PP y CiU a la Ley Orgánica de Educación (LOE), rechazadas finalmente por la mayoría parlamentaria, estos grupos políticos relacionaron el contenido del proyecto de ley con las "deudas" del Gobierno con sus socios políticos de IU y ERC. Ambos se refirieron al proyecto de Estatuto de Cataluña. El PP afirmó que, si es aprobado, establecerá un modelo de educación "intervencionista que no es propio de sociedades libres" y CiU advirtió al Gobierno que, "si piensa en una ley educativa que sea compartida por IU, ERC y CiU, se equivoca". La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, volvió a manifestarse abierta al diálogo.

El Congreso de los Diputados rechazó ayer las dos enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con la que el Gobierno persigue modificar toda la educación no universitaria. El PP presentó su enmienda con un texto alternativo, inspirado en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) promovida en la pasada legislatura, que fue rechazada con 180 votos en contra (PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV y BNG) y 131 a favor de los populares. La enmienda de CiU simplemente pedía la retirada del texto del Gobierno y se desechó con 171 votos a favor y 131 en contra.

Durante el debate, CiU se mostró mucho más moderado en su oposición al texto del Ejecutivo que el PP, quien no dejó resquicio alguno para un pacto de última hora. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, reconoció que sigue "en un proceso de negociación" con el Ejecutivo. De hecho, este grupo votó en contra de su enmienda a la totalidad presentada por el PP.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, defendió que la LOE está inspirada en el principio de "calidad y equidad para todos" y se defendió de las acusaciones de los populares de que es una ley "desvertebradora" con la afirmación de que "nada hay más vertebrador que la equidad ni más desvertebrador que la falta de igualdad de oportunidades".

La ministra insistió en que esta ley modifica pero no deroga tres de las cuatro leyes educativas vigentes (sólo elimina la LOCE), y que el Gobierno "ha huido de la tentación de pretender cambiar todo el sistema educativo y ha optado, en cambio, por tener en cuenta la experiencia adquirida y los avances registrados" porque las reformas deben ser "continuadas y paulatinas".

Ante una Cámara medio vacía que contrastaba con el lleno absoluto del día anterior para debatir el proyecto de Estatuto de Cataluña -en el momento de exposición de la ministra había poco más de un par de decenas de diputados-, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, aseguró que ayer fue "uno de los días más tristes para la educación española". El Gobierno ha llevado al Congreso "una mala ley", que "camina en dirección contraria al progreso y a la modernización de España", aseguró.

La representante del PP aseguró que "esta ley es un peaje, el pago a quienes les apoyan en el Gobierno". E insistió en esta idea: "La reforma del Gobierno quiebra el consenso constitucional en materia educativa, al permitir la ruptura de la educación en 17 sistemas, en perfecta sintonía con el proyecto de Estatuto Catalán", afirmó Pastor. Finalmente, el PP lanzó al Ejecutivo la petición de que rectifique "ahora que está aún a tiempo", dijo Pastor.

Tanto el PP como CiU hicieron una decidida defensa de la educación privada concertada. Ambos reiteraron que la LOE "no respeta la libertad de elección de centro de las familias", porque no apoya a la educación concertada, más del 80% de la cual es católica. Basan sus argumentos en que el texto califica la educación como un "servicio público", lo que favorece, a su juicio, a los centros públicos; en que se permite a las administraciones establecer comisiones para la admisión de alumnos en sus centros, y en que los concertados no tienen presupuesto suficiente.

Josep Antoni Duran Lleida, explicó, en una actitud más mesurada que el PP, que su oposición a la ley se debe también a que no comparten el tratamiento que realiza de la religión en las escuelas (se limita a señalar que es de oferta obligada para los centros y optativa para los alumnos) y a que "no recupera principios como los de autoridad, esfuerzo y trabajo que han desaparecido por culpa, no de los profesores, sino de las reglas de juego que se establecieron

[en 1990, con la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo, (LOGSE)], que han hecho imposible a determinados centros y directores mantenerlos".

El portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Raimundo Benzal, afirmó que el texto alternativo propuesto por el PP "agrava la propuesta de la Ley de Calidad, al ser política y competencialmente más agresiva, socialmente más engañosa y académicamente más selectiva".