La escuela concertada se suma a la protesta contra la reforma educativa
Los responsables de los centros religiosos opinan que la ley socialista "asfixia" su economía
La escuela concertada irá a la manifestación del próximo 12 de noviembre en Madrid contra la reforma educativa. Han dado por agotadas las negociaciones con el partido socialista y no han encontrado eco a sus reivindicaciones. La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Educación y Gestión, titulares y patronal mayoritarias en los centros concertados (católicos), han decidido sumar a la protesta a su amplia comunidad educativa. FERE-CECA y EyG representan al 91% de los colegios concertados en España, 2.158, donde trabajan más de 60.000 profesores que atienden a cerca de 1.169.000 alumnos de primaria y secundaria obligatoria.
Una vez que FERE ha decidido movilizar a su gente cabe pensar en una manifestación de proporciones notables. La concertada representa el 26% de la educación obligatoria en España.
El secretario general de esta organización educativa, Manuel de Castro, anunció ayer que los centros concertados recibirán una carta con los motivos del rechazo a la Ley Orgánica de Educación (LOE) de los socialistas, que consideran "más restrictiva que la LODE de 1985". Uno de los principales es la financiación de los centros concertados, sometidos, dicen, "a una progresiva asfixia económica". Las diferencias entre el incremento del IPC y el incremento de la financiación pública que reciben estos centros privados para su concierto les han acarreado "pérdidas del 17% en el poder adquisitivo", afirman. A eso se suman, dicen "los obstáculos" que plantea la nueva ley para cobrar una cuota a las familias que matriculan a sus hijos en estos colegios, una práctica común.
Consideran que la LOE ataca la libertad de los padres a elegir dentro de enseñanza porque vuelca en la Administración la facultad de garantizar que la admisión de alumnos en cada centro se ajusta a lo establecido por la ley. "Las Administraciones educativas establecerán la proporción de alumnos [con necesidades de apoyo educativo] que deban ser escolarizados en los centros públicos y privados concertados", dice la LOE en su artículo 87. Con la llegada masiva de inmigrantes al sistema educativo español, la distribución de estos alumnos, muchos de ellos con deficiencias escolares, se ha convertido en el campo de batalla de las organizaciones de la escuela pública y la concertada. Mientras los primeros acusan a los colegios concertados de seleccionar a sus alumnos económicamente mediante el cobro a las familias y cerrar así la puerta a los inmigrantes, los colegios concertados ven una mordaza a la libertad de elegir centro escolar la pretensión del Gobierno de repartir equilibradamente a estos alumnos entre unos colegios y otros.
Todas estas medidas, dijo ayer Manuel de Castro, "lesionan gravemente a los colegios concertados". Pero el secretario general de FERE no olvidó mencionar también cuestiones pedagógicas que, a su juicio, no soluciona la ley. Cree que no frenará el fracaso escolar ni tendrá incidencia en la mejora de la calidad educativa.
De talante negociador, como le reconocen las organizaciones educativas de izquierda, Manuel de Castro aseguró ayer que "se han apurado hasta el límite las posibilidades del diálogo", una voluntad que su organización, dijo, "ha puesto de manifiesto más allá de lo razonablemente exigible" hasta tomar la decisión de protestar en la calle contra la ley. "Las organizaciones educativas más radicales", añadió, "han impedido lograr un acuerdo" que empezó a gestarse en octubre de 2004. A pesar de ello, se muestran decididos a "restablecer la negociación con el Gobierno y el acuerdo en lo relacionado con la libertad de enseñanza y el régimen de los conciertos educativos".
Así se lee en la carta que han enviado a sus colegios, donde la mención a la asignatura de Religión apenas ocupa tres líneas en las que dejan este asunto en manos de la Conferencia Episcopal. Para FERE "no habría mayor dificultad" si la asignatura católica quedara tal y como se recoge en la LOGSE de 1990, es decir, con su situación actual: de obligada oferta en los colegios y voluntaria para los alumnos.
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