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El Gobierno deberá aclarar las supuestas irregularidades en ayudas a la ganadería

El Fondo de Garantía Agraria solicita por escrito información de las anomalías apreciadas

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo pagador de los ayudas al campo de la Unión Europea (Feoaga Garantía), ha solicitado por carta al Gobierno vasco que le remita información sobre las posibles irregularidades en el pago de primas ganaderas en Euskadi. La misiva, dirigida al director de Agricultura, José Antonio Ocio, reclama infomación precisa de las anomalías que ha venido publicando El PAÍS desde el pasado 16 de septiembre y que podrían suponer el cobro fraudulento de primas ganaderas.

El requerimiento del FEGA se refiere a aquellos ganaderos que han cobrado primas sin realizar la pertinente campaña sanitaria al 100% de sus reses. Este diario ha publicado que en las explotaciones de la familia de José Fernando Quintana, veterinario habilitado por la Diputación y gerente de Abeltzain, cooperativa que tiene delegada en Álava prácticamente en exclusiva la sanidad y la identificación animal, pasan sólo parcialmente la campaña sanitaria. Lo mismo ocurre en alguna otra explotación ganadera de Álava, aunque la mayor parte de la granjas sí que cumplen este requisito.

El ex jefe de Ganadería de Álava, Florencio Beltrán de Heredia, destituido el pasado 19 de octubre, a raíz de las informaciones publicadas por este diario, defendía que no era necesario realizar la campaña sanitaria a todas y cada una de las reses y aseguraba que en Vizcaya y Guipúzcoa tampoco se hacía así. El vicepresidente del sindicato agrario UAGA, asociado a EHNE, y presidente de Abeltzain, Félix Ajuria, se manifestó en el mismo sentido que Beltrán de Heredia,

en conversación con este diario el pasado 24 de octubre y dijo que la realización parcial de campañas es habitual en todo Euskadi.

El Gobierno tiene unos 15 días para ofrecer explicaciones al FEGA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación creado al amparo de la normativa comunitaria. Si la información ofrecida por el Gobierno no satisface al FEGA, este organismo presentará formalmente una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, para que abra un expediente investigador. Ocio, que ahora debe informar sobre las irregularidades, es funcionario del servicio de Ayudas Agrarias de la Diputación de Álava y fue director de Agricultura de este territorio con el PNV hasta 1999, año en que ganó las elecciones el PP.

El diputado alavés de Agricultura, Eloy López de Foronda, comparece precisamente hoy

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en las Juntas Generales de este territorio para explicar los detalles de las anomalías divulgadas. El caso se abrió con la publicación de que una vaca loca que murió el 12 de julio en la explotación que posee María Aranzazu Zúñiga en Santa Cruz de Campezo figuraba como viva, dos meses después, en el Simogan (Sistema de movimientos de ganado). Zúñiga es la compañera sentimental de José Fernando Quintana.

López de Foronda hará público un informe que ha elaborado en colaboración con la directora de Agricultura, Virginia Salazar, que confirma las irregularidades en la identificación y sanidad animal.

Respuesta poco ajustada

La cuestión era sencilla: "¿Entiende usted que éste [la vaca loca muerta en julio en casa de María Aranzazu Zúñiga] es un problema de alarma social y preocupación para el resto de los ganaderos vascos?" La respuesta por escrito del consejero de Agricultura, Gonzalo Sáenz de Samaniego, al parlamentario del PP Roberto Blanco, ha ido, sin embargo, más lejos de lo esperado. Tras decir que se trata de "un problema administrativo que puede generar preocupación entre los ganaderos", entra a hablar del control sanitario. Asegura que "las canales se analizan tras ser sacrificadas y cada una de ellas queda fielmente identificada". Este proceso, según Samaniego, lleva a eliminar las no aptas para el consumo.

Pero no todas las canales se analizan. Según el Real Decreto 147/93 y sus modificaciones y legislación comunitaria, se inspeccionan según la edad y origen del animal, que figura en su documentación. Su identificación es esencial, porque a las reses sacrificadas de cero a un año se les retira un material específico de riesgo, a las de uno a dos, otro más amplio, y sólo a las de más de dos se les realiza además la prueba de la Encefalopatía Espongiforme Bovina.

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