Mayoría por el pacto

El aspecto más positivo del debate sobre la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto catalán celebrado ayer fue la disposición al pacto mostrada por los representantes -dos nacionalistas y una socialista- de los partidos proponentes en nombre del Parlamento de Cataluña. Disposición a admitir modificaciones en el proyecto y a que el resultado final encaje en el marco constitucional. Esa doble disposición es un argumento decisivo para aceptar que, cualesquiera que sean sus defectos, incluyendo la posible inconstitucionalidad de algunos o muchos de sus artículos, el texto merece ser tomado en consideración. Y esto -y no su articulado concreto- es lo que se debatía y decidía ayer.

Esa doble disponibilidad supone un cambio respecto a las posiciones mantenidas en su momento por los nacionalistas catalanes, y también, contra lo que argumentó Rajoy, una diferencia sustancial con los planteamientos del llamado plan Ibarretxe. En este caso se partía de la afirmación de que las Cortes deberían limitarse a convalidar lo que hubiese aprobado el Parlamento de la comunidad autónoma; en el buen entendimiento de que si algunos aspectos de la propuesta chocasen con preceptos de la Constitución, habría que reformarla; y si no se aceptaba ese planteamiento, o se modificaba sustancialmente la propuesta, se consultaría directamente a la población. Algo verdaderamente incompatible no ya con la Constitución sino con cualquier lógica federal o autonómica.

Pues bien, esto es lo que ha cambiado. Artur Mas argumentó que el texto debía ser tomado en consideración como base para un pacto renovado por ser el resultado de un consenso democrático en el que se habían respetado "las leyes y la Constitución". Que esto último sea discutible, como reveló el debate, no anula lo esencial: la voluntad de negociación y de adecuación al marco legal. "Venimos a negociar, no a imponer", dijo por su parte la socialista Manuela de Madre, que pidió a todos los grupos su "implicación" en esa negociación para que el Estatuto lo sea "de toda la Cámara". También Carod Rovira habló de pacto, aunque Puigcercós lo matizara luego diciendo que la negociación tendría el límite de no "desnaturalizar" lo esencial de la propuesta.

Esa disposición al pacto no elimina los motivos de inquietud que plantea el texto que ha llegado a las Cortes. El tono conciliador empleado por Zapatero no le impidió señalar con claridad los límites que el proyecto ha rebasado, lo que obligará a enmendarlo. Ante todo, el sistema de financiación. La responsabilidad del Estado como garante del principio de solidaridad y de la igualdad de derechos de todos los españoles le impide renunciar a sus competencias en materia de redistribución y le obliga a disponer de impuestos propios. Pero también los otros motivos de divergencia señalados por la Comisión de expertos y que asumió la dirección del PSOE en relación con el aumento y blindaje de competencias, la relación bilateral con el Estado, etcétera.

Zapatero desveló su fórmula sobre la definición de Cataluña: "Cataluña tiene identidad nacional", que salva la objeción de que no se puede emplear la misma expresión para referirse al todo, la nación española, y a sus componentes. Pero lo importante es que en el debate se precise que de la definición no se deriven derechos especiales distintos a los que reconoce la Constitución en relación con los hechos diferenciales. Como resumen de su posición, el presidente del Gobierno se comprometió a que la constitucionalidad del texto se manifieste en el respeto de tres principios: libertad para que los ciudadanos puedan vivir su identidad sin imposiciones; igualdad de derechos; solidaridad entre los territorios que garantice la cohesión del conjunto.

Previamente Zapatero había hecho una defensa de la eficiencia social y económica de la descentralización política propiciada por el Estado de las Autonomías. Ello dio pie a Rajoy para iniciar su discurso preguntándose por qué había que cambiar el marco institucional si todo había ido tan bien con el modelo actual. Cáustico y afilado, el líder del PP argumentó que si su partido se hubiera callado no habría habido las propuestas de corrección del proyecto surgidas en el PSOE y otros sectores de la opinión pública. Consideró imposible en todo caso constitucionalizar con enmiendas un texto que responde a una lógica incompatible con el principio de que la soberanía reside en el pueblo español y es indivisible. Pero plantear el debate en términos de soberanías contrapuestas sólo conduce al conflicto.

Más inteligente parece tomar la palabra a los proponentes para encontrar un equilibrio entre las dos mayorías, la del Parlamento catalán y la de las Cortes, reflejo a su vez de las respectivas opiniones públicas, según revelan las encuestas. La alternativa que planteó Rajoy: devolver el texto o tramitarlo como reforma constitucional es escasamente realista. Otorgar además a la propuesta votada por casi el 90% de los diputados del Parlamento catalán el mismo trato que al plan Ibarretxe, que llegó tras una elaboración unilateral desde el Ejecutivo autonómico, prosperó gracias al voto de un partido ilegal vinculado a ETA y ni se planteaba su compatibilidad con la Constitución española, sería regalar una baza al soberanismo vasco, ahora que emprende la retirada.

Fue significativa la amargura manifestada por los tres ponentes catalanes por lo que Carod consideró "tópicos y prejuicios" sobre los catalanes. Y especialmente la apelación que Duran Lleida dirigió a los obispos españoles desde su condición de creyente para pedirles que pongan término a la siembra de odio y confrontación que se realiza a diario desde alguno de sus medios de comunicación. El dirigente demócrata cristiano manifestó que siente "todo este cúmulo de atrocidades como la antítesis del Evangelio".