Columna
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Hoy

El debate de hoy en el Congreso es una auténtica invitación a que se repitan modos y contenidos de lo que los dos grandes partidos estatales argumentaron frente al lehendakari con motivo de la presentación del proyecto de estatuto de libre asociación de Euskadi con España. Pero mucho me temo que aunque el escenario sea el mismo, el guión está profundamente alterado, porque ni siquiera Rajoy va a desempolvar su celebrado discurso frente a Ibarretxe por si las maneras florentinas le rompen esa baraca electoral que los errores de otros le están cosechando casi gratis.

Tampoco parece que vaya a ser igual el discurso del presidente Rodríguez, porque, de entrada, no va a pedir la retirada del proyecto ni va a alentar el voto negativo condicionado a que los proponentes se comprometan a limar a fondo algunos de los asuntos que presentan peor encaje constitucional.

Así las cosas, parece fuera de lugar el anuncio hecho por el PP de que acudirá al Tribunal Constitucional a pedir amparo si se produce la admisión a trámite del proyecto, porque, en el caso de que así ocurra, sabe que tiene pocas probabilidades -por no decir ninguna- de que prospere un amparo referido a un acto parlamentario del que no se deriva más consecuencia que el pase a comisión del proyecto.

Que el PP aproveche el debate de hoy para reiterarse en los postulados que en su momento argumentaron gobierno y oposición frente a la propuesta vasca sería lo lógico; que el PP pusiera mucho interés en criticar la diferente vara de medir que el gobierno muestra con el proyecto catalán respecto del vasco, no dejaría de ser coherente, por más que mientras el proyecto vasco desafiaba abiertamente el marco autonómico constitucional, el catalán, por lo menos, sigue un desarrollo normativo pertinente donde quizás lo discutible resida en la generosísima interpretación que desde los proponentes se hace del Título VIII de la Constitución.

Pero parece que nada va a ir por donde debe, pues ya se ha anunciado que el PP va directamente al tremendismo, a la advertencia fatal de que se están rompiendo las reglas de juego, a la algarada dialéctica a lomos de esos dígitos que le colocan ya casi en condiciones de ganar las elecciones, y al discurso del miedo; cuando le sería mucho más fácil tomarle la palabra al PSOE, y llevar el discurso hasta el confín de la coherencia, sumándose a las críticas que, sin duda, el partido del gobierno va a esgrimir en materia de asunción de competencias por parte del Estatut de Catalunya, o sobre la filosofía del texto, que ve a Catalunya más que como una autonomía tocando ya inevitablemente el techo constitucional sin sobrepasarlo (que es la interpretación de los proponentes), como progresiva dueña de sus relaciones y encaje con el Estado (que es, si no me equivoco, el flanco discutible que va a esgrimir el PSOE).

El revuelo inicial a propósito de la inclusión del término Nació Catalana en el articulado (y, honestamente, si ellos quieren serlo, no habría nada que objetar), ha dejado paso al debate más sereno de sus significantes más evidentes: si a la nación se le adosa soberanía, compite con la española y ello no es trivial para la Constitución; si sólo es un eufemismo, un sinónimo de nacionalidad, o un término emotivo sin más función que la autoestima de los catalanes, quizás convengan en que aparcarlo prudentemente en el Preàmbul sea lo propio. Pero, ¡ojo! aquí, por ejemplo, hemos dejado en el Preàmbul (y ya van dos, 1982 y 2005), el término País Valenciano, y aun quedan burros de solemnidad que dicen que es inconstitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0001, 01 de noviembre de 2005.