Las empresas españolas niegan el pago de comisiones a cambio de contratos en Irak

Las empresas españolas que participaron en el programa Petróleo por Alimentos de Naciones Unidas niegan que pagaran comisiones ilegales para conseguir los contratos, aunque, según el testimonio de algunas de ellas, las autoridades del régimen iraquí comenzaron a exigirles "sobrepagos" a partir de enero de 2001, si bien no accedieron a su abono. En el informe de la Comisión Volcker aparecen 45 empresas españolas: ocho que compraron petróleo y otras 37 que llevaron a cabo diversos suministros de mercancías. El ministro de Economía, Pedro Solbes, dijo que investigará el asunto.

El informe Volcker sobre los presuntos sobornos pagados al régimen de Sadam Husein, en el marco del programa Petróleo por Alimentos, ha sido recibido con indignación por la mayoría de las 45 empresas españolas que aparecen en la lista. Todas niegan haber realizado pagos ilícitos a las autoridades iraquíes, tal y como apunta el informe, si bien alguna de ellas señala que, a partir de 2001, se les solicitaron "sobrepagos" por la consecución de contratos.

En este sentido, la compañía pública de comercio exterior Sirecox (posteriormente Expansión Exterior) confirmó que entre diciembre de 1996 y diciembre de 2000, las autoridades iraquíes cumplieron "escrupulosamente" el procedimiento establecido por la ONU, pero que la situación cambió a partir de enero de 2001. "Dejamos de comprar porque SOMO [State Oil Marketing Organization, monopolio estatal del petróleo iraquí] solicitó un pago adicional fuera de los mecanismos ordinarios", señala la compañía. Concretamente, sobre el último cargamento de crudo que consiguió, de medio millón de barriles, las autoridades iraquíes reclamaron a Expansión Exterior diez centavos por barril. La sociedad señala que, a partir de ese momento, era "comúnmente sabido por todos los que veníamos trabajando con Irak que se pedían esas comisiones".

Falta de pruebas

Esta falta de pruebas sobre los pagos ilegales parece constatarse en el caso de las ocho empresas que consiguieron contratos de suministro de petróleo. El propio informe constata que no abonaron "sobrepagos" ("surcharges"), salvo Lubna Trading (ver información en página 7). Tanto Repsol como Cepsa, que obtuvieron contratos por 876 y 188 millones de dólares, respectivamente, afirmaron ayer que los contratos se llevaron a cabo con total transparencia y bajo el amparo de las normas de la ONU.

Ni Repsol ni Cepsa, los dos máximos adjudicatarios españolas, realizaron "sobrepagos", según reza el informe, si bien en el caso de la primera petrolera los expertos de la comisión independiente resaltan que las autoridades iraquíes les solicitaron un pago extra de 309.661 dólares, que la multinacional española no accedió a abonar.

La empresa Vilma Oil, que consiguió un contrato de 1,2 millones de barriles, también desmintió expresamente que existiera ninguna irregularidad. "Somos una compañía bien conocida en el sector; no pagamos comisión de ningún tipo", dijo un directivo.

Mayor confusión existe sobre las 37 empresas que suministraron mercancías o prestaron servicios en Irak. El informe Volcker refiere para todas ellas distintas cantidades bajo el epígrafe "Comisión pagada por servicios postventa" (Paid ASSF, After Sales Service Fees), que supuestamente podrían corresponder a pagos irregulares.

Otro tipo de pagos irregulares son los que aparecen en el informe bajo el lema "Comisiones por transporte en el interior del país" (Inland Transporation Fees), pero no consta que abonara esta sobretasa ninguna firma española.

Para liar más la madeja, el informe distingue, en una de sus tablas, los pagos ilícitos de los que tiene algún tipo de evidencia documental (a los que asigna la letra A) de los que son "basados puramente en proyecciones" (a los que asigna la letra P), y de los que la comisión no tiene ninguna prueba. Muchas de las empresas españolas, como es el caso Industrias Lácteas Asturianas, están dentro de esta última categoría de los que no hay evidencias. Esta compañía recibió una carta el 26 de julio pasado de la Comité para la Investigación del Programa de Petróleo por Alimentos requiriéndole información, a la que contestó el 9 de agosto negando que hubiera hubiera sido requerida a efectuar pagos no autorizados ni que los hubiera realizado.

Menos suerte tuvo la empresa zaragozana Ringo Válvulas, que tras señalar que la información sobre sobornos era "rotundamente falsa", se quejó de la indefensión de la empresa porque nadie de la Comisión Volcker se había dirigido a la compañía para solicitar información alguna. Ringo Válvulas siente su imagen dañada y ha solicitado a Naciones Unidas que le retire de la lista.

En la misma línea, la empresa de material eléctrico Cuñado Internacional indicó que su participación en el programa humanitario respondió "al escrupuloso cumplimiento de la normativa aplicable, tanto nacional como internacional", y aseguró que mantendrá los principios de transparencia y colaboración con las autoridades, "así como la defensa de sus legítimos intereses por los medios que la ley le ampara". También negó el pago de comisiones Laboratorios Syva, que exportó material veterinario.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, dijo que el Gobierno está pendiente del asunto. "No conozco el informe y, por lo tanto, no puedo dar ningún criterio sobre el tema. Lógicamente nos interesa, lo vamos a seguir y vamos a ver si hay empresas implicada, cómo y por qué".