El lío de la financiación de las universidades valencianas

Las universidades valencianas han tenido la oportunidad de vivir, en los últimos días, un nuevo y emocionante episodio de la mano del conseller que más alegrías está proporcionando a nuestra clase empresarial y a nuestro sistema de investigación e innovación.

De una tacada, Justo Nieto ha conseguido tres cosas: incumplir un acuerdo solemne, firmado en su día por el Presidente Camps, respecto a la presentación de un Plan de Financiación para las Universidades Valencianas antes del final de junio de 2005, abrir un nuevo periodo de provisionalidad en la financiación universitaria y convertir la firma del acuerdo provisional en un desencuentro entre la Universitat de València y la Administración autonómica.

Pero, vayamos por partes. Lo primero que hay que recordar es que el acuerdo firmado el pasado día 14 es la prórroga de la prórroga de la prórroga del modelo de financiación universitaria, dado que es la tercera vez de que se deja en suspenso el establecimiento de un nuevo modelo de financiación para las universidades valencianas. Este tema es, a mi juicio, el más grave de todos. Hay que recordar que el Plan de Financiación de las Universidades Valencianas, establecido por primera vez en 1994 con un Gobierno autonómico socialista, fue pionero en España y marcó la senda por la que han seguido muchas otras Comunidades Autónomas.

Este Plan, con sus defectos, tuvo la gran virtud de servir para dotar a las universidades valencianas de un marco de financiación estable en el tiempo, que les permitiera planificar su actividad y su crecimiento a medio plazo. De este modo, las universidades valencianas han podido crecer en calidad y cantidad de servicios prestados, han reducido la masificación y han empezado a planificar su desarrollo futuro en el marco de la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, cuyo horizonte se encuentra establecido en el año 2010.

La inseguridad que supone tener que negociar continuamente la financiación, introduce un elemento que paraliza muchas de las iniciativas que las universidades pueden abordar cuando saben con precisión cuanta financiación van a recibir cada año. Cuando la preocupación principal de algún Rector es como pagar la nómina de un mes, la situación empieza a ser preocupante.

Ha habido tiempo y ha habido oportunidades para pactar un nuevo sistema de financiación universitaria. No ha habido voluntad política, probablemente porque la situación de quiebra financiera en que se encuentra la Generalitat imposibilita un acuerdo que, necesariamente, debe suponer mayores recursos para nuestras universidades si queremos competir en igualdad de oportunidades en Europa. Mientras no exista en nuestro Gobierno Autonómico una conciencia clara del papel fundamental que nuestras universidades juegan en la competitividad de nuestro modelo económico y en nuestras oportunidades de desarrollo futuras, seremos incapaces de reducir las diferencias en formación y tecnológicas que aún nos separan de la media española y europea.

Estamos pues, ante un nuevo periodo provisional, que en este caso llega hasta finales de 2007. De esta forma, el Gobierno de Camps se asegura una cierta tranquilidad en el mundo universitario hasta después de las elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2007, pero se pierde la oportunidad de establecer un programa de financiación audaz que sitúe a nuestras universidades en una situación de ventaja frente a los retos europeos.

Se prorroga el modelo y se dulcifican algunos de los aspectos más criticados por las universidades, como la valoración de la financiación por objetivos o la incorporación progresiva de la antigüedad de las plantillas como un componente del coste a financiar, pero se mantiene la filosofía de un modelo pensado para otros tiempos y otras circunstancias, hoy afortunadamente superadas. En fin, una nueva solución gris para ir tirando y una nueva promesa de modelo de financiación para 2008.

Pero, en este caso, junto a la prórroga de la financiación corriente se contemplaba la firma de un nuevo plan de infraestructuras científico-tecnológicas y docentes, que establece el marco de inversiones para el periodo 2006-2008 de nuestras universidades. Este plan es fundamental para mejorar las instalaciones universitarias, en particular las relacionadas con actividades de investigación y desarrollo tecnológico, con objeto de aumentar la capacidad tecnológica de nuestro tejido productivo, dado que las universidades y los centros tecnológicos constituyen en la actualidad el entramado investigador más potente con que cuenta la Comunidad Valenciana. Y es en este terreno donde se ha producido la discrepancia que ha marginado a la Universitat de València de la firma del acuerdo. Los detalles los ha aireado suficientemente la prensa, pero resulta decepcionante la actitud contumaz de una parte del Gobierno Autonómico frente a la institución universitaria con más tradición y con mayor proyección investigadora de nuestro territorio.

Estamos, por tanto, ante una nueva situación provisional y con bastantes flecos por cerrar. Es necesario concretar entre todos, universidades y gobierno autonómico, los acuerdos en aquellos temas que no se encuentran suficientemente definidos en la prórroga de la financiación y en el programa de inversiones, con objeto de que nuestras universidades puedan empezar a dibujar su futuro, que tanto influye en el nuestro, de una manera reflexiva y con una cierto sosiego.

Enrique Villarreal es secretario de Economía, Hacienda y Ocupación del PSPV.