La Unesco consagra legalmente el derecho a la diversidad cultural

El pleno de la 33ª Conferencia General de la Unesco puso ayer punto final a una guerra iniciada a mediados de los ochenta entre Francia y EE UU, y en la que los norteamericanos han ido quedándose sin aliados. El enfrentamiento, que era por la cultura, por los bienes culturales, tuvo su expresión álgida en el mundo del cine. Para Washington, los intercambios comerciales en ese sector debían regirse por las mismas leyes que en el resto de los negocios. Francia enarbolaba la bandera de la excepción cultural. La Unesco, transformando la excepción en diversidad, aprobó ayer, por 148 votos a favor, dos en contra (EE UU e Israel) y cuatro abstenciones, un texto que tendrá valor legal para los Estados que lo ratifiquen.

Estaba en juego la noción de política cultural, ligada a los poderes o instituciones

Hace 25 años, la batalla se planteaba entre un grupo de irreductibles cineastas galos y el ejército imperial de Hollywood que no contento con controlar el 85% del mercado mundial, quería también el 15% restante. Y para ello necesitaba que desapareciesen las políticas culturales de carácter nacional o supranacional -las de la UE, por ejemplo- de ayuda a proyectos, a la difusión o las cuotas de protección de un mercado interior.

El hecho mismo de que muchos países carezcan de industria audiovisual propia hizo que a los franceses les costase ampliar su círculo de aliados. Si los cineastas y artistas españoles estuvieron siempre a su lado, no puede decirse lo mismo de los poderes públicos, pues durante las legislaturas del Gobierno Aznar el presidente llegó a decir que "la excepción cultural es el argumento de los países culturalmente débiles".

Para EE UU, que desde 1984 se había desentendido de la Unesco -se reincorporó en 2003- y anulado su participación económica en la financiación de la institución por considerarla entregada a tesis izquierdistas, la derrota en París es una nueva alerta. La mundialización está causando muchos daños colaterales y los países que no logran hacer oír su voz en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional, han encontrado en la Unesco una plataforma desde la que hacerse escuchar.

El Wall Street Journal no ha dejado de subrayar los intereses contradictorios de los coaligados para que "las actividades, bienes y servicios culturales no sean tratados exclusivamente desde la perspectiva de su valor comercial". Según el diario, portavoz del liberalismo económico, "China y otros países represivos están entusiasmados con la Convención". El periódico olvida que en sus páginas se celebró el que esos mismos países se incorporaran a la OMC.

Ayer votaron a favor de la Convención 148 Estados. Dos lo hicieron en contra: Estados Unidos e Israel; y cuatro se abstuvieron: Australia, Nicaragua, Honduras y Liberia. Para que la Convención entre en vigor tiene que ser ratificada por 30 o más países miembros de la Unesco. Y sólo tendrá valor de ley para los que firmen dicha ratificación.

Mientras el comisario europeo de Educación, Jan Figel, afirmó ayer que la adopción del convenio significaba un "enorme paso" hacia el reconocimiento de la diversidad como "herencia cultural de la humanidad", la embajadora de EE UU ante la Unesco, Louise Oliver, expresó vivamente su disgusto denunciando un texto "redactado deprisa y corriendo, susceptible de ser mal interpretado", que "puede perjudicar la libre circulación de bienes y servicios" y "legitimar las violaciones de los derechos humanos".

Se abren ahora incógnitas sobre cómo se articulará lo aprobado en la Convención con los textos vigentes en la OMC o en el seno de la UE, que precisamente pretendía legislar en materia de política cultural y hacerlo desde una óptica liberalizadora. La definición misma de cultura será materia de discusión, máxime cuando en las dos últimas décadas la concepción clásica de la cultura, la de gente como Theodor Adorno que considera la cultura y el arte como un polo de resistencia del individuo frente a la mercantilización, ha sido alegremente avasallada por la posmodernidad.

La noción de política cultural, entendida ésta como ligada a los poderes o instituciones públicas y democráticas, estaba en juego en la Unesco. La victoria de los defensores de la excepción o diversidad no garantiza que esas políticas culturales vayan a existir, que sean eficaces o buenas, pero instaura el marco legal para que las tres cosas sean posibles. Y concede un respiro a aquéllos que piensan que la lógica del máximo provecho no puede ser la única imperante.

Quienes critican la eficacia de las políticas culturales públicas y toman como ejemplo el caso francés reprochan al país de Voltaire o Proust que sus cineastas, escritores, pintores, filósofos, químicos, físicos, matemáticos o arquitectos no sean hoy los mejores. Es un reproche falaz porque no tiene en cuenta ni el desplazamiento del centro del mundo económico hacia EE UU y Asia, ni la imposición del inglés como idioma internacional.

La victoria para los defensores de la excepción o diversidad cultural es importante. Supone el reconocimiento legal a la multiplicidad de puntos de vista. En el discurso estadounidense esa multiplicidad queda defendida por las garantías a la "libertad de expresión". La Unesco ha querido que esa libertad de expresión no sea meramente teórica. Si nadie puede obligar a un país a interesarse por los demás, los demás sí pueden al menos asegurarse el derecho a la palabra.

A pesar de las presiones diplomáticas de Condoleezza Rice -que, veladamente, llegó a amenazar con represalias a varios países- y de la política de EE UU de acuerdos bilaterales en los que el trigo, el algodón, el arroz o cualquier otro producto agrícola sólo tiene acceso al mercado estadounidense en la medida en que el país de origen renuncia a cualquier cuota de pantalla en sus cines o televisiones, a pesar de todo ello, la Convención existirá y servirá como referencia legal a las naciones que deseen servirse de ella. Su eficacia deberá ser más alta que la del célebre protocolo de Kioto para intentar frenar la emisión de gases tóxicos. En cualquier caso, son siempre los mismos los que no quieren firmar.