Culpable, pero no así

¿Quién duda de que Sadam Husein es culpable de los atroces crímenes de que se le acusa y de algunos más? Pocos o nadie. Pero la apertura ayer del juicio contra el antiguo dictador no responde a los criterios mínimos de una justicia digna en un país que se supone está en transición a la democracia: un tribunal armado por EE UU y el actual Gobierno iraquí, en un local dentro de la zona de seguridad de Bagdad, con una defensa a la que no se ha dado tiempo de prepararse, unos testigos con miedo a declarar, razón por la cual la vista quedó suspendida hasta el 28 de noviembre, y unas leyes que toman lo que conviene de la antigua legislación del derrocado régimen del acusado y del Derecho Internacional. La importancia de este proceso para el futuro de Irak, para su difícil reconciliación interna, y como ejemplo para el resto del mundo requería un procedimiento más escrupuloso.

En esta primera causa se le acusa de la matanza de 143 chiíes en la aldea de Al Dujail en 1982, tras un intento de asesinato del dictador. En el horizonte está la horca -muy popular entre chiíes y kurdos, los que más sufrieron sus atropellos- en un plazo de 30 días, una vez hayan sido agotados todos los recursos. EE UU prefirió no suprimir la pena de muerte ni del derecho interino que implantó tras la invasión ni de la Constitución votada el pasado sábado

. Sadam, como era previsible, no reconoció la legitimidad del tribunal y se declaró "no culpable". Detrás esperan, si no le condenan o ejecutan antes, otra serie de acusaciones.

Habría sido deseable un juicio que hubiera sacado a relucir todos los abominables crímenes cometidos por el rais y por los responsables del anterior régimen, incluido el uso de armas químicas contra los kurdos. Dada la inexistencia de un Estado digno de tal nombre, la realidad de la ocupación y el hecho de que el Tribunal Penal Internacional no tiene competencia para juzgar situaciones anteriores a su entrada en vigor en 2002, el proceso contra Sadam debería haberse celebrado bajo los auspicios de la ONU (aunque la invasión no los tuvo) y a cargo de un tribunal internacional ad hoc, como lo fue para Ruanda o la ex Yugoslavia.

Pero últimamente la Administración de Bush no parece ser demasiado escrupulosa en materia de respeto a la legalidad y a la justicia internacional. Y ha sido precisamente la "nula cooperación" americana en el esclarecimiento de la muerte, el 8 de abril de 2003, del cámara español José Couso en el hotel Palestina de Bagdad, la que ha llevado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a dictar una orden internacional de busca, captura y detención contra el sargento que disparó, el capitán responsable de la unidad de blindados y el teniente coronel al mando del regimiento.