Políticas públicas y futuro iberoamericano

Para Iberoamérica este 2005 puede ser un buen tiempo de rearticulación y puesta al día. Lo que emergió claramente con un sentido conmemorativo se convierte hoy en una oportunidad política mayor. Son tiempos de globalización y, por ello, son tiempos de relación entre regiones donde las identidades juegan un papel esencial.

Iberoamérica ha hecho la tarea en muchos campos. Está lo cultural, lo político, lo social, lo económico; están las dimensiones educacionales y artísticas; están las interacciones de la sociedad civil. El español y el portugués son nuestros idiomas para construir puentes de cercanía. En suma, hay razones para afirmar que Iberoamérica está llevando adelante el concepto de unidad en la diversidad.

Nuestra visión conjuga libertad con equidad, crecimiento económico con justicia social

Pero hoy es necesario ir más allá. Los desafíos del siglo XXI y las exigencias a las cuales nos convoca la globalización obligan a pensar en una "transversalidad iberoamericana" más profunda. Aquella construida desde grandes consensos políticos sustentados en el modo de ser y hacer de estos pueblos.

Es la tarea esencial a la cual nos llama la XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca. Nosotros, presidentes de Chile y Portugal que tendremos la última oportunidad de participar en este encuentro en representación de nuestros países, creemos que podemos entregar una reflexión especial para el presente y futuro de esta comunidad de naciones.

Hoy que ya se ha puesto en marcha la Secretaría General Iberoamericana, vemos que están dadas las condiciones para trabajar en conjunto en el desarrollo y ejecución de "nuestras políticas públicas" desde las cuales se hagan realidad los propósitos reiterados en las diversas declaraciones previas a esta Cumbre.

¿Por qué poner el acento en las políticas públicas? Porque es allí donde cabe ir asentando un paradigma de trabajo, cuyo propósito central sea el impulso al crecimiento económico llevado adelante en concordancia con programas serios y eficientes de desarrollo y justicia social en una mirada que, a partir de nuestras experiencias y convicciones, complemente y vaya más allá de aquellas recetas entregadas por el llamado Consenso de Washington a comienzo de la década de los noventa.

Mientras aquel planteamiento -cuyo eje se instaló en el libre mercado y los equilibrios macroeconómicos-, presionaba en Latinoamérica, el diálogo iberoamericano comenzó en 1990 su búsqueda de propuestas propias y de modernidad.

A quince años del comienzo de esa tarea podemos levantar una alternativa clara. Una perspectiva de acción que vemos reflejada en las palabras de bienvenida del actual presidente del Gobierno español: "Iberoamérica aspira a crear un modelo de espacio común en pro de la democracia, de la cohesión social y territorial, del desarrollo sostenible y de los derechos humanos".

Esta propuesta se basa en la convicción de que el Estado, tanto sus instituciones como los espacios público-privados tienen un importante papel de orientación estratégica a desempeñar en un proceso de desarrollo sustentable. El mercado es indispensable para el funcionamiento de la economía, pero es también a partir de las entidades públicas y de los ciudadanos que emergen las opciones para entregar equidad y horizontes comunes a un país.

Lo primero es remarcar que necesitamos pasar de las palabras a los hechos. En nuestras diversas declaraciones hemos colocado metas que sólo admiten una lectura y obligan a la acción.

Ir al mismo paso. En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, América Latina y las naciones de la península Ibérica fuimos en un andar desacompasado. Tras aquella conflagración las veintiuna naciones latinoamericanas fueron actores claves en la conformación de Naciones Unidas. Allí nos jugamos por definir un orden multilateral donde los derechos humanos, la autonomía política, el crecimiento económico, la paz y el desarrollo social caminaran a la par. España y Portugal vivían tiempos de autoritarismos. Y cuando en estas naciones comenzaron a respirarse aires de mayor libertad y democracia, la mayoría de las naciones al otro lado del Atlántico estaban bajo el peso de las dictaduras, la falta de libertad o las confrontaciones fratricidas.

La historia hizo que comenzáramos a tener un andar común, de talante democrático, sólo con la llegada de la década de los noventa, precisamente cuando comenzamos a conjugar con otra mirada y una voz común el sentido de lo iberoamericano.

La democracia nos da confianza y el estímulo para pensar con ambición: pensar en las mejores formas de aprovechar las oportunidades y prevenir los riesgos de la globalización, para dar respuestas concretas a los sueños y a las expectativas de nuestros pueblos.

Sabemos que existen diferencias importantes entre el debate europeo y el latinoamericano al hablar de bienes públicos y de políticas nacionales para ello.

En Europa se busca reformar el antiguo Estado benefactor, con el fin de mejorar la competitividad y permitir una mayor innovación tecnológica, sin sacrificar un conjunto de derechos ciudadanos al bienestar. En América Latina, en cambio, el debate se refiere a cómo lograr mayores niveles de equidad y de bienestar a partir de las necesarias reformas económicas que, en su mayor parte, ya se han logrado.

Quienes van por los países latinoamericanos -sean empresarios, políticos, académicos o artistas-, saben que en varias de nuestras naciones se hacen esfuerzos por conciliar las necesidades de economías muy abiertas en un mundo globalizado con las necesidades igualmente urgentes de solidaridad en sus sociedades. La libertad económica y la equidad no representan conceptos contrapuestos o incompatibles. Se puede estar a favor de una economía de mercado, pero es algo muy distinto impulsar una sociedad de mercado. Nuestra visión conjuga la libertad con la equidad, el crecimiento económico con la justicia social. Y esa visión queremos que predomine en el mapa iberoamericano.

La lucha contra la pobreza, el acceso a la educación y a la salud, la cohesión social y la defensa y la promoción de los derechos humanos son objetivos esenciales. Para alcanzarlos, el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente. Compete al Estado conducir las políticas públicas que hagan realidad esos objetivos.

En el ámbito de la comunidad iberoamericana, debemos abrir un espacio de discusión amplia y participativa sobre la mejor forma de avanzar hacia esas metas: ¿Cómo elaborar políticas públicas que, a partir de situaciones muy diversas apunten hacia los mismos propósitos y a las mismas metas? ¿Qué mecanismos y programas podemos crear para analizar y comparar experiencias, de modo de identificar las mejores prácticas? ¿Cómo concebir programas destinados específicamente a la formación de peritos y altos funcionarios capaces de conducir las políticas públicas con eficiencia y calidad, como ocurre con otras instituciones de alto prestigio internacional?

Una entidad -probablemente asentada en la península Ibérica para el mayor acopio de experiencias entre mundo desarrollado y en desarrollo-, debiera ser el motor de ese propósito.

De lo que se trata es de avanzar entre nosotros una práctica de políticas públicas sustentada, precisamente, en una transversalidad iberoamericana mayor. Una suerte de testimonio en la globalidad, donde lo que somos y hagamos sea un aporte en la mesa hemisférica, en el caso de los latinoamericanos, y un identidad especial en la mesa europea, en el caso de España y Portugal.

Ricardo Lagos es presidente de Chile y Jorge Sampaio es presidente de Portugal.