Las principales organizaciones agrarias exigen el inicio de las obras del nuevo trasvase Júcar-Vinalopó

Las principales organizaciones agrarias valencianas firmaron ayer el documento de consenso sobre la situación hídrica en el que empezaron a trabajar hace algo más de dos meses. La Unió de Llauradors-COAG, AVA-Asaja y UPA suscribieron un documento que recoge el apoyo al cambio de trazado del trasvase Júcar-Vinalopó aunque exigieron que no sufra retrasos y que las obras comiencen "lo antes posible". Reclamaron al Gobierno que "doble sus esfuerzos". De la firma se desmarcaron las otras dos organizaciones provinciales de Asaja, Fepac (Castellón) y Jóvenes Agricultores (Alicante).

El documento será remitido a partidos políticos, regantes y patronales

El documento de consenso que ayer suscribieron La Unió de Llauradors, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), recoge un apoyo al cambio de trazado supeditado a que las obras se inicien "lo antes posible". Joan Brusca, secretario general de la Unió de Llauradors, pidiópor ello al Gobierno, durante la rueda de prensa, que doble sus esfuerzos para que el periodo de ejecución "sea el mismo que el del trazado anterior". Brusca recordó que hay tramos en fase muy avanzada de ejecución que se pueden aprovechar para la toma desde el Azud de la Marquesa (Cullera). Los representantes agrarios pidieron también que el precio sea asequible para los agricultores y que el Gobierno asuma "el posible sobrecoste de las obras", así como que se garanticen los fondos europeos.

El documento presentado ayer tras algo más de dos meses de trabajo contempla un resumen de las necesidades hídricas del campo valenciano. Necesidades que cifran en 353 hectómetros cúbicos al año. De este total, 80 hectómetros cúbicos corresponderían al trasvase Júcar-Vinalopó, 45 hectómetros cúbicos a la cuenca del Turia y 35 hectómetros cúbicos a transferencia del Ebro a Sagunto. El informe desglosa las necesidades de agua por zonas y plantea soluciones que incluyen desde la modernización de regadíos hasta la reutilización de aguas residuales o la cesión de aguas sobrantes desde una cuenca excedentaria a otra deficitaria "siempre y cuando haya un consenso social", puntualiza el documento.

Brusca explicó también que el documento recoge la petición de revisar el Plan Nacional de Regadíos que los firmantes consideran que perjudica a la Comunidad Valenciana ya que reconoce el derecho de todas las autonomías a mantener y recuperar la superficie de regadío. Un reconocimiento del que carece la Comunidad Valenciana, que ha visto desaparecer en diez años entre 30.000 y 35.000 hectáreas de regadío.

El documento está abierto a aportaciones y será remitido ahora a los partidos políticos, comunidades de regantes y organizaciones empresariales. El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, explicó que el documento "hecho con la mejor voluntad" es un "libro abierto" a aportaciones. Aguado pidió respeto al resultado del trabajo y defendió que el trabajo de las organizaciones agrarias "acaba aquí". Añadió, por ello, que son ahora los políticos los que deben demostrar que "son capaces" de sentarse a hablar.

El secretario general de UPA, Rafael Cervera, destacó la importancia de un pacto, "suscrito por la mayor parte de las organizaciones agrarias" y que "demuestra que se pueden conseguir soluciones de consenso y sin llegar a los enfrentamientos estériles que nos perjudican a todos".

Del documento de consenso, con todo, se han desmarcado las otras dos organizaciones provinciales de Asaja en la Comunidad Valenciana, Jóvenes Agricultores (Alicante) y Fepac (Castellón). El secretario técnico de la Federación Provincial de Agricultores de Castellón (FEPAC-ASAJA), Doménech Nácher, justificó su ausencia en un acto en el que se le esperaba hasta última hora en que el documento establece las necesidades de Valencia y Alicante pero "no incluye" a Castellón.

Y el presidente de Jóvenes Agricultores en Alicante, Eladio Aniorte, afirmó que el documento suscrito "no representa a Alicante ni a Castellón" y rechazó que se trate de un documento de "consenso" ya que cree que tiene una índole "puramente política".

Las críticas también volvieron a llover desde el Consell. El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, cuestionó ayer el papel y la representatividad de las organizaciones agrarias en el debate en torno al trasvase Júcar-Vinalopó y otorgó en su lugar un papel destacado a la Federación Valenciana de Regantes, de la que resaltó que "aún no se ha posicionado". García Antón consideró que son los usuarios del Júcar y del Vinalopó los que deben ponerse de acuerdo sobre el proyecto, pero no dejó pasar la ocasión para reiterar la posición del Consell del PP a favor del trazado actual que defienden los usuarios alicantinos y para afirmar que los regantes del Júcar han cambiado de posición al apoyar la modificación del trasvase. El consejero también alabó la propuesta de la patronal Cierval de construir el trazado comenzado y estudiar como "segunda solución complementaria" la toma de agua en el Azud de la Marquesa.

En defensa del trabajo de las tres organizaciones que ayer firmaron el documento de consenso, por el contrario, se pronunció el secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, Francesc Signes, quien valoró un acuerdo que, dijo, demuestra "el sentido común de los representantes de los agricultores valencianos y supone un fuerte varapalo" para el presidente de la Generalitat Francisco Camps, "y a su guerra del agua".