Las organizaciones agrarias defienden en un informe que los trasvases exigen consenso de los afectados

El documento conjunto sobre la situación hídrica de la Comunidad Valenciana que presentarán hoy las principales organizaciones agrarias defiende que los trasvases, siempre que sean viables económica y medioambientalmente, exigen el consenso de las partes afectadas, y en especial de la cuenca que cede el agua. El informe preparado por la Unión de Llauradors-COAG, AVA-Asaja y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), que ayer se mantenía abierto a posibles modificaciones, pretende ser la base para un pacto del agua que aleje la búsqueda de soluciones de la crispación política.

Las organizaciones agrarias lanzaron el ofrecimiento de este pacto a raíz de la polémica desatada en julio por el posible cambio de la toma de agua del trasvase Júcar-Vinalopó, que entonces apoyaron abiertamente los responsables de la Unió, Joan Brusca, y de AVA, Cristóbal Aguado, como una solución que daría agua a Alicante sin merma de las necesidades de los regantes de la Ribera. El Ministerio de Medio Ambiente, que apuesta por modificar el trazado, aún no ha anunciado su decisión.

La iniciativa de las organizaciones agrarias para reconducir el debate del agua ha tomado cuerpo en los últimos meses en un documento que repasa la situación hídrica y las posibles soluciones al déficit de recursos en la Comunidad Valenciana, según fuentes conocedoras del texto. Así, las organizaciones firmantes, que ayer estaban pendientes de cerrar el acuerdo, no abordan sólo la polémica del trasvase Júcar-Vinalopó, sino que analizan también otros aspectos y métodos para ganar agua desde una posición técnica que concluye que las diferentes opciones no son excluyentes. Al contrario, los agricultores defienden la combinación de la modernización de regadíos, la desalación, la reutilización de aguas residuales, entre otras medidas. Además, no desechan los trasvases, pero insisten en que deben contar con el consenso de los implicados para evitar controversias como la del Júcar-Vinalopó, que enfrenta a regantes y poblaciones de Alicante y Valencia. Los agricultores reivindican, siempre que haya acuerdo, a un trasvase de agua del Ebro por el canal Xerta-Càlig para Castellón y Sagunto, de modo que podrían liberarse caudales para Alicante. Tras analizar el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó, el documento reitera el apoyo al cambio del trazado para situar la toma de agua en el Azud de la Marquesa, en la desembocadura del río, una postura que hará difícil el consenso con Asaja-Alicante.

El apoyo al cambio de trazado también choca con la férrea posición del PP, que exige la ejecución de la obra desde Cortes de Pallás. El PP no dudó en atacar duramente a las organizaciones agrarias, y en especial al presidente de AVA, Cristóbal Aguado. "Hay que tener cuidado del lado de quién se pone cada uno", llegó a decir el portavoz del Consell, Esteban González Pons. El informe de los sindicatos agrarios será debatido también con los regantes y otras organizaciones con el fin de ampliar el acuerdo y despolitizar el debate del agua.