El gobernador del Banco de España teme que el nuevo Estatuto frene el crecimiento económico

El gobernador del Banco de España afirmó ayer que cambios institucionales como los que pretende la reforma del Estatuto catalán pueden "debilitar la eficiencia y capacidad de crecer de la economía y afectar al bienestar del conjunto de los españoles". Jaime Caruana recalcó la "especial preocupación" con que se siguen desde el banco central las propuestas de modificación del sistema de regulación y supervisión de las entidades de crédito, "que suponen una fragmentación de competencias" y que, añadió, podrían interpretarse como "contrarias a la copiosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

Jaime Caruana explicó ayer durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que la "disgregación" de las competencias supervisoras podría "fragmentar el sistema financiero español" y generar "conflictos de interés" en el gobierno y supervisión de las cajas de ahorro, ya que ganarán facultades de supervisión "los poderes públicos regionales que ya están presentes en los órganos de gobierno de esas instituciones". Según el gobernador del Banco de España, ello podría llegar a "comprometer la eficacia de la supervisión financiera".

Caruana aseguró que, desde el punto de vista de la política económica, el sistema de financiación previsto en el actual proyecto de Estatuto catalán podría afectar, "no sólo a la cohesión interna, sino también a la capacidad de las políticas públicas para mantener la integración del mercado y la eficiencia en el funcionamiento de la economía". El supervisor bancario insistió en la necesidad de que la "descentralización de competencias" no genere "discrepancias reguladoras" que puedan erosionar la "unidad del mercado nacional, como ya ha ocurrido en algunas parcelas como el comercio al por menor".

Cajas de ahorros

Caruana se une así al coro de voces procedentes de las patronales de cajas, aseguradoras y bancos que temen la posible quiebra de la unidad del sistema financiero si la reforma del Estatuto catalán se aprueba tal como está. Frente a ello, el Gobierno autonómico defiende que la Generalitat sólo se arroga competencias exclusivas sobre cajas y mutualidades, nunca bancos y aseguradoras, y siempre constreñidas por el artículo 149.1 de la Constitución, que detalla las competencias privativas del Estado. El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, insistió ayer en que el Estatuto "no supone fragmentación del mercado económico-financiero", informa Amador Marqués. "Si existe algún aspecto que suscita temor, el Gobierno catalán está dispuesto a hablar de ello", añadió.

El gobernador reiteró que las cajas "deberían autolimitarse" en la toma de posiciones accionariales con vocación de control. Según Caruana, las cajas han multiplicado por 40 sus participaciones industriales en los últimos 20 años, mientras sus balances lo han hecho por 10. Esas participaciones suponen "riesgos especiales", como los conflictos de intereses, y recordó que los órganos de gobierno de estas entidades no están sometidos a la disciplina de mercado. "Existe el riesgo de que los objetivos y prioridades no sean de la pura racionalidad económica que debería tener cualquier institución financiera que defienda los intereses de sus accionistas".

El gobernador del Banco de España validó las previsiones de crecimiento para la economía española en 2006, un 3,3%, sobre las que se asienta el proyecto de Presupuestos para el año que viene. Incluso anticipó que la cifra final podría reflejar "alguna décima más de crecimiento", dado el empuje que sigue registrando la demanda interna. No obstante, sobre la economía española pesan, con vistas a 2006, riesgos externos, como la subida del crudo. Pero también desequilibrios internos, como un crecimiento "que se basa en exceso en el consumo y la construcción", mientras la demanda externa sufre la pérdida de competitividad.

Caruana reclamó un mayor superávit fiscal para 2005 (está previsto un 0,1% del PIB) y 2006 (un 0,2%), dado el "dinamismo" de la recaudación tributaria, y lamentó que la política presupuestaria haya adquirido un "tono expansivo" que se repite en los Presupuestos para el año que viene: "La presupuestación de un crecimiento del gasto público del Estado significativamente por encima del incremento previsto del PIB nominal [6,6%] apunta en esta misma dirección". El gasto consolidado aumentará un 7,3%.

El regulador bancario declaró que prioridades de gasto incluidas en el proyecto de Presupuesto, como innovación, infraestructuras, educación y servicios públicos, "parecen adecuadamente orientadas", pero criticó el reciente acuerdo sobre financiación sanitaria, que prevé una aportación estatal a las autonomías de 1.677 millones de euros en 2006, que calificó de "preocupante".