Más leña al fuego

La semana pasada terminaba esta columna planteando la cuestión, para mí, clave de los Presupuestos recientemente presentados por el Gobierno: si están diseñados para cambiar el patrón de crecimiento tan desequilibrado, insostenible y dañino para el potencial a largo plazo, que viene observando la economía española en los últimos años. Quizá esta afirmación sorprenda a muchos, dado que la percepción generalizada dentro y fuera del país es que nuestra economía marcha bien. En efecto, crece dos puntos por encima de la media de la zona del euro, se crea mucho empleo (aunque la tasa de paro todavía está en el 10%) y la rentabilidad de los negocios está en máximos históricos. Ahora bien, todo esto se debe a factores transitorios, fundamentalmente a los bajos tipos de interés y a la inmigración, no a que se hayan hecho reformas o dedicado recursos suficientes a potenciar el sistema productivo. Es más, estos factores, y el patrón de crecimiento que están alentando, no sólo no hacen nada para aumentar dicho potencial, sino que lo están perjudicando. No hace falta ser pesimista para darse cuenta de que tarde o temprano este modelo nos aboca al estancamiento o la recesión.

El patrón de crecimiento está provocando un exceso de gasto que alienta la inflación

Los actuales gobernantes, creo yo, participan ampliamente de este diagnóstico, o al menos lo hacían cuando estaban en la oposición. Por eso, proponen -con escasas armas, por cierto, recuérdese que el gasto del Estado sólo supone un 9% del PIB-, aumentar en mayor medida que la media aquellas partidas presupuestarias que más tienen que ver con la modernización y el desarrollo económico: educación, infraestructuras, I+D+i. La orientación prioritaria de los Presupuestos hacia estas partidas parece, por tanto, un cambio en la buena dirección.

Sin embargo, los diseñadores de los Presupuestos han olvidado algo también esencial: el patrón de crecimiento señalado está provocando desde hace años un exceso de gasto (demanda agregada), que alienta la inflación y provoca esos desequilibrios financieros históricos que nos amenazan (el déficit de la balanza por cuenta corriente podría ascender al 10% del PIB en 2006). Miremos el gráfico izquierdo y veamos el enorme gap que ha alcanzado la demanda respecto a su valor de equilibrio a largo plazo. Ante esto, cualquier estudiante de economía, incluso con inclinaciones progresistas (pero con sentido común), propondría una política fiscal restrictiva. Sin embargo, en el gráfico de la derecha vemos que, si se cumplen los objetivos gubernamentales (de crecimiento de la economía, de déficit, etcétera), la política fiscal de 2005 y 2006, cuyos responsables son el Estado y las administraciones territoriales, sería notablemente expansiva, es decir, estaría echando más leña al fuego de un gasto desbocado. Así, vemos que el saldo estructural primario (concepto que excluye del saldo total el componente cíclico y los intereses de la deuda, y que es el indicador más adecuado para valorar la orientación de la política fiscal) disminuye.

Soy consciente del dilema entre la necesidad de dedicar más recursos a educación, infraestructuras e I+D+i y, al mismo tiempo, actuar restrictivamente sobre la demanda agregada. Sin embargo, hay una vía de solución: reformar profundamente la estructura del gasto público, para desviar recursos desde políticas poco o nada productivas hacia estas otras mucho más necesarias. Claro que, eso puede ser mucho más difícil que encajar el proyecto de Estatut dentro de la Constitución.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).