El consorcio vasco cobrará 1,2 millones por rescindir su negocio del agua en Uruguay
El consorcio de empresas vascas que mantenía la concesión del servicio de agua en Uruguay traspasará el sábado el negocio al Gobierno de ese país. Uragua, participada por la eléctrica Iberdrola (49% del capital), la BBK (25%), la SPRI (13%) y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (13%), recibirá 1,5 millones de dólares (1,26 millones de euros) por las facturas de los abonados pendientes de cobro, mientras que el Estado uruguayo se hará cargo de los casi 600.000 dólares (504.000 euros) de deudas por suministros y materiales adquiridos por Uragua.
El acuerdo, cerrado la pasada semana, pone fin a la aventura americana, iniciada hace cinco años cuando Uragua ganó el concurso para prestar los servicios de abastecimiento y saneamiento durante 30 años en la zona turística de Punta del Este y Maldonado, con una oferta de 523 millones de dólares y un canon mensual al Gobierno de 600.000 dólares. El pacto, que evita que el caso siga en los juzgados, supone la renuncia de Uragua a la indemnización de 20 millones de euros que reclamaba y que el Ejecutivo uruguayo no ejecute el aval de 16,8 millones de euros del contrato en caso de rescisión.
El gerente del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, Pedro Barreiro, aseguró que el acuerdo permitirá cerrar la inversión sin pérdidas. "Parece que no habrá números rojos", afirmó ayer. Barreiro señaló que las cuentas de la operación se presentarán a finales de mes en la asamblea de la entidad de aguas. En junio pasado, el presidente del consorcio, Ibon Areso, señaló que se iba a recuperar la inversión realizada, cifrada entonces en 14,7 millones. Uragua dispondrá, según sus cálculos, de cinco millones de euros de caja para hacer frente principalmente a las indemnizaciones de los casi 200 empleados por la rescisión de sus contratos.
El pago de los 1,5 millones de dólares se realizará dentro de dos meses, cuando se factura a los abonados, y el Gobierno uruguayo ingresará por este concepto otros 670.000 euros. El Ejecutivo se quedará con los activos de la empresa, valorados en 12,6 millones de euros. Uragua se ha comprometido a estar a disposición de la Administración de aquel país, que gestionará el servicio, hasta el 8 de noviembre.
El consorcio vasco trató desde 2002 de vender el negocio. Hace un año se aprobó en referéndum que servicios como el agua fuesen gestionados por empresas públicas y Uragua encontró la vía para rescindir el contrato. El Gobierno adujo que el consorcio vasco incumplió la concesión al no realizar obras previstas y el caso acabó en los tribunales.
