Divorcio 'in vitro'

Natalie Evans, 34 años, está dispuesta a llegar hasta el final para ser fecundada con embriones inseminados por su ex pareja. Pero él, Howard Johnston, se niega a tener descendencia con su ex mujer. El caso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Allí, Evans pidió ayer que se le permita concebir un hijo a partir de embriones congelados hace cuatro años, creados con óvulos suyos y esperma de su ex compañero. Los tribunales británicos han rechazado todas las demandas interpuestas por la mujer. La ley de reproducción asistida de ese país requiere el consentimiento de ambas partes en cada paso del procedimiento.

El principal argumento de Evans es que utilizar estos embriones es su última posibilidad de tener hijos con sus genes. La mujer defiende que los embriones tienen el derecho a vivir.

La defensa de Evans pide que se considere si la ley de Reino Unido, que pide que los embriones conservados se destruyan, está cometiendo una violación contra los derechos humanos. Sería la primera vez que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie sobre los derechos de los embriones.También sostiene que la ley británica, vigente desde 1990, interfiere con el derecho de Evans a una vida privada y familiar.

El tribunal de apelación y el Tribunal Supremo británicos prohibieron que se implantaran a Evans los embriones y la Casa de los Lores rechazó el caso, por lo que Evans tuvo que apelar a Estrasburgo para que los óvulos fecundados no fueran destruidos. El representante del Gobierno británico en Estrasburgo aseguró que la ley de fertilización se basa en dos pilares fundamentales: el consentimiento de los padres y el bienestar del niño, por lo que "no sería deseable que el hijo naciera contra la voluntad de sus padres", y en este sentido obligar a Johnson a que ejerza ese papel, informa Efe.

Evans quedó estéril en noviembre de 2001, después de que se le extirparan los ovarios a causa de un cáncer. Ella y su entonces pareja, Howard Johnston, se habían sometido a un tratamiento in vitro por lo que se fecundaron seis óvulos de ella con esperma de él, que fueron congelados y almacenados en una clínica. Cuando la relación terminó, siete meses después, Johnston se negó a que esos embriones fueran utilizados y pidió que se destruyeran. Evans asegura que, de haber sabido que su ex pareja cambiaría de opinión, hubiera elegido otro tipo de tratamiento de reproducción asistida, como por ejemplo, un donante de esperma.

"Johnson ha limitado la capacidad reproductiva de Evans, tras sus promesas incumplidas", dijo la defensa de ella ante Estrasburgo. La ex pareja, Howard Johnston, dijo tras la ruptura que no desea tener una familia con Evans, ni las responsabilidades económicas y morales que significan tener un hijo.

Evans aseguró que en una conversación que mantuvieron tras la ruptura, su ex pareja estuvo de acuerdo con seguir con el proceso de reproducción asistida, pero firmando un acuerdo en el que no tendría responsabilidad alguna sobre el eventual hijo. " Pero después recibí una carta que me informaba de que mi ex pareja había pedido que se destruyeran los embriones", afirmó.

La Autoridad de Fertilización Humana y Embriología de Reino Unido, encargada de velar por el cumplimiento de la ley, dijo a EL PAÍS que no se pronunciará sobre el caso hasta que Estrasburgo haga saber su decisión. Sin embargo, asegura que, en caso de que Evans ganara el caso, se sentaría un precedente y "muy probablemente la ley británica de reproducción asistida tendría que cambiar y contemplar casos como este".

En caso de Estrasburgo permita a Evans usar los embriones, debe ser antes de octubre de 2006, pues expira el periodo máximo de conservación de cinco años que la ley impone.

El presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, asegura que en España "La ley no contempla esta especificidad. Se supone que la pareja está de mutuo acuerdo [en el proceso de reproducción asistida] y que los embriones se van a utilizar cuando lo estimen". Palacios, que presidió la comisión que hizo la primera ley de reproducción asistida en España, asegura que ambas partes deben dar su consentimiento, incluso tratándose de una pareja de hecho, pero que "no se contempla la ruptura del consentimiento de una de las partes".